La crucifixión del menor: el sacrificio ritual de la "gente de bien"

Antes de seguir: esto no es una defensa del delito ni una minimización del dolor de la víctima. Es una crítica al reflejo automático de pedir más castigo estatal como si fuera sinónimo de justicia. La pregunta no es si el hecho fue grave: la pregunta es si la respuesta del Estado repara algo o solo fabrica un expediente y una vida quebrada más, para tranquilidad simbólica de terceros.

Esta perspectiva sobre la baja de imputabilidad nace desde el liberalismo, pero con un enfoque particular, un poco más "heterodoxo". Estás en tu derecho a no compartir mi propuesta, pero creo que es injusto excomulgarnos. El problema central —que se observa en las objeciones que analizaremos— es la confusión de creer que el liberalismo auténtico es, por condición sine qua non, de derecha y punitivo. Hechas estas aclaraciones, comencemos.

Latinoamérica 

Cuando los expertos hablan de " la razón", suena como si todos supiéramos de qué hablan. Pero no es lo mismo la razón que usaba la Iglesia en la Edad Media que la que usamos hoy. Hoy, la razón, que es heredera del Ilumismo, se ha convertido en una herramienta para clasificar, ordenar y controlar. No solo piensa el mundo, sino que lo moldea: decide qué es normal y qué no, qué merece estar adentro y qué debe quedar afuera.

El ejemplo más claro es la locura. No se trata de decir que no existan sufrimientos reales o trastornos. Se trata de algo más sutil: la sociedad decide qué conductas entran en la categoría de “normal” y cuáles pasan a ser “desviación”, y luego construye dispositivos para administrarlas. El problema no es solo el diagnóstico: es el uso político y burocrático del diagnóstico como permiso para tutelar, vigilar o fijar identidades.

Y acá aparece el puente con el debate contemporáneo: ¿qué ocurre cuando ese mismo impulso de clasificación y normalización se desplaza hacia la adolescencia bajo el argumento de “seguridad”?

Cuando se propone bajar la edad de imputabilidad, no se habla de justicia, sino de gestión. El Estado no busca que un chico se haga responsable, sino que sea manejable. Quiere etiquetarlo temprano como "peligroso" para tenerlo bajo control. Es como el "Tratamiento Ludovico" de La naranja mecánica, pero aplicado por decreto: no se busca educar, sino condicionar mediante el miedo y el encierro.

Si uso imágenes fuertes no es por gusto literario: es porque hay algo ritual en esta demanda social de castigo. El miedo pide un sacrificio visible. Y cuando el Estado ofrece ese sacrificio, lo presenta como medicina moral: “se hace por el bien común”. El riesgo es que ese “bien” termine justificando métodos que deshumanizan, sin reparar a nadie.

La mediación entre víctima y agresor busca reparación concreta y reinserción.

Bajar la imputabilidad no es solo 'Delito de Adulto Pena de Adulto'. Es entregarle un adolescente a lo que llamo 'El Sistema Azul' .

Cuando digo “Sistema Azul” (término propio), no me refiero a personas individuales ni a profesionales concretos. Hablo de una lógica institucional: el conjunto de incentivos, protocolos y burocracias que tienden a convertir a un ser humano en un caso, un riesgo y un expediente. En esa maquinaria, incluso gente bienintencionada que termina cumpliendo una función de adiestramiento, normalización y sumisión.

El Sistema Azul no necesita que seas culpable; necesita que seas clasificable. Una vez que entraste, ya tenés una biografía oficial escrita antes de los 18 años. Y esa biografía te persigue para siempre: para conseguir trabajo, para alquilar, para que la policía te pare tres veces por semana.

Ahora bien, cuando la inseguridad nos da miedo, la sociedad busca un chivo expiatorio. Necesita un cuerpo al que culpar, para clavar en él todas sus angustias y sentirse aliviada por un rato. Eso es lo que llamo "la crucifixión del menor". Se etiqueta a un adoloscente como "manzana podrida", se le quita la condición de persona y se convierte en un símbolo del mal. Entonces, la "gente de bien" pide sangre y cárcel, sin darse cuenta de que le está dando al Estado el poder de clavar clavos. Y ese poder, tarde o temprano, se usa contra cualquiera que deje de ser útil o dócil. La máquina punitiva nunca se sacia, siempre pide más.

Además, el sistema actual es un despropósito económico: el Estado nos roba con impuestos para mantener presos que, en muchos casos, salen peor de lo que entraron. Es como pagar dos veces: primero sufre la víctima el delito, después todos pagamos para que el delincuente esté encerrado sin reparar nada.

La mediación entre víctima y agresor busca reparación concreta y reinserción.

¿Qué propongo en su lugar?

En una sociedad realmente libre, la justicia no sería un acto de poder del Estado, sino un acuerdo entre personas. El daño no se comete contra "la ley", sino contra alguien concreto. Esta propuesta dice:

● Justicia centrada en la víctima: El objetivo no es castigar por castigar, sino reparar el daño.

● El delincuente como deudor: En lugar de encerrarlo, que trabaje para pagar lo que debe. La libertad se recupera cuando la deuda se salda.

● Tribunales de arbitraje privado: Esto puede ser controversial pero no es utópico; es histórico y posible

       Resolver el conflicto entre el que hizo el daño y el que lo sufrió, con un mediador que ambos eligen, sin que el Estado meta la cuchara.

Cuando hablo de arbitraje o mediación no hablo de “privatizar” la justicia para que gane el que paga más. Hablo de mecanismos de resolución y reparación que reduzcan la lógica punitiva y burocrática. Para que eso sea legítimo, hay garantías mínimas: acceso universal (fondos/seguros/defensorías), debido proceso, transparencia, y límites estrictos. En delitos violentos o de alta gravedad, la mediación no reemplaza al Estado: como máximo complementa la reparación a la víctima.

Bajar la imputabilidad puede expandir el control estatal sobre la adolescencia.

Imaginemos: Juan, de 16 años, raya un auto. Hoy: va a la comisaría, fiscalía, juzgado de menores, probable nada pase o quede con antecedentes. En mi hipotesis: la dueña del auto contrata un mediador privado. Juan y sus padres aceptan que pague con horas de trabajo en un taller. El mediador supervisa. En 3 meses, el daño está pagado y Juan aprendió un oficio. Sin sellos, sin expediente eterno, sin etiqueta de  menor infracto.

En delitos extremos como el homicidio, no hay restitución posible: ahí el Estado debe garantizar debido proceso y protección pública. Lo reparativo, si existe, solo puede ser complementario y voluntario para la familia, nunca un atajo para borrar la gravedad del hecho. Que algo requiera intervención pública no significa que el Estado sea moralmente superior. Significa que, en casos de irreversibilidad y riesgo, hay que garantizar reglas, prueba y límites. El objetivo no es fortalecer el dispositivo punitivo, sino impedir que el caso extremo sea el caballo de Troya para expandir vigilancia y castigo sobre todo.

Ahora, “Trabajar para reparar” no significa tampoco mano de obra barata ni castigo productivista. Significa un régimen de restitución supervisado, con reglas claras: tareas con finalidad, condiciones dignas, protección contra abusos, acompañamiento educativo y un horizonte real de reinserción. Si la restitución se vuelve explotación, deja de ser justicia y pasa a ser otra forma de violencia.

La justicia restaurativa propone reparar el daño en lugar de castigar por castigar.

Mientras tanto, con el Estado y la justicia que tenemos, podemos exigir cambios concretos:

La formula de la responsabilidad civil efectiva: Se puede arrancar con esto ultimo desarrollado. Si un menor causa un daño, que el Estado no lo encierre ni lo "proteja", sino que garantice que ese chico trabaje para reparar el daño. No se trata de "reformarlo" ni de curarlo, sino de que asuma su deuda como un adulto. La dignidad está en tratarlo como responsable, no como un enfermo, de nuevo un loco, al que hay que domesticar.

El problema de fondo es existencial: cuando el Estado te define por una etiqueta, te roba el derecho a ser más que tu peor hecho. La justicia, si pretende ser humana, debería tratar con responsabilidades sin destruir la singularidad. Reparación sí. Castigo-espectáculo no. Porque lo segundo no busca verdad ni libertad: busca orden, y el orden es un dios al que siempre se le termina entregando vidas.

El sistema penal convierte adolescentes en expedientes antes de cumplir 18 años.

A continuación, algunas objeciones a este planteo:

Objeción 1: “Mirá a Singapur, Noruega o Canadá: bienestar general y mano dura/control estatal”.

La Respuesta: Esos países son el paraíso del Poder azul. No hay delitos porque no hay soberanía individual; son sociedades de cuerpos dóciles donde el Estado controla desde el pensamiento hasta la cuenta bancaria.

Punto de contacto: Singapur es una isla de castración voluntaria; Noruega es un Panóptico de bienestar. Querer importar eso en latinoamerica es darle más poder de fuego a un Estado fallido. El "bienestar" que se paga con la entrega de la propia voluntad no es una sociedad libre, es una institución total a escala nacional.

La baja de imputabilidad reabre el debate sobre castigo estatal y justicia real.

Objeción 2: “Si sos liberal, tenés que defender la vida y la seguridad punitiva a toda costa, incluso bajando la imputabilidad”.

La Respuesta: El sistema punitorio actual de muchos paises de Latinoamerica es Necropolítica. Ante una vida perdida, el Estado responde con un "doble crimen": matando socialmente al agresor en una cárcel que solo fabrica monstruos. Eso no es defender la vida; es un fetiche por el candado.

Punto de contacto:La internación en un hospital psquiatrico de Martha Hoffman, luego su conservatorship en Argentina y la baja de imputabilidad son el mismo "Tratamiento Ludovico". No se busca justicia, se busca anular la voluntad para que el cuerpo sea dócil según los fines de otra persona. En estos casos. la libertad se convierte en un "sistema de puntos" por buena conducta, no en un derecho inherente.

Objeción 3: “Ciertas conductas (como el exhibicionismo) deben ser penadas con todo el peso de la ley por el bien común”.

La Respuesta: El Estado usa un martillo neumático para matar mosquitos porque está obsesionado con la soberanía biológica. El problema es la desproporción. generada con esa obsesion con controlar la moral, en lugar de ocuparse de los daños reales.

Punto de contacto: La justicia real se ocupa de daños a la propiedad o agresiones físicas. El "escándalo público" es la excusa del Sistema Azul para intervenir en la piel. La solución es la madurez de la indiferencia o el contrato privado, no la intervención de un Ministerio de Moralidad.