La dura pena que pidieron para el hermano de un histórico capo narco de la villa 1-11-14

Durante más de una década su nombre apareció en distintas investigaciones vinculadas al narcotráfico en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Ahora, en el juicio oral que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, la fiscalía pidió que Fernando “Piti” Estrada Gonzáles sea condenado a 24 años de prisión por su presunto rol como uno de los jefes de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en ese asentamiento.

El pedido fue formulado por el fiscal general Diego Velasco, titular de la Fiscalía General N°6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal porteños. Durante su alegato sostuvo que el acusado integró junto a su hermano una estructura criminal que durante años se encargó de introducir, almacenar, fraccionar y distribuir marihuana, cocaína y sus derivados dentro del barrio.

Según la acusación, el funcionamiento de la banda estaba organizado mediante un sistema de turnos. Cada uno de los hermanos administraba el negocio durante períodos de 28 días, lo que permitía mantener la estructura de venta sin interferencias internas.

“Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023, seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le tocaba”, sostuvo Velasco al describir el funcionamiento de la organización.

El fiscal recordó además que el hermano del acusado, Marco Antonio Estrada Gonzáles —conocido como “Marcos” e histórico jefe narco del Bajo Flores— ya fue condenado en 2020 a una pena que terminó unificada en 24 años de prisión por su rol en la misma estructura.

En el caso de “Piti”, la fiscalía remarcó que permaneció prófugo desde octubre de 2010 hasta comienzos de 2023, cuando finalmente se presentó en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Durante el debate se exhibieron cuadernos incautados en allanamientos y escuchas telefónicas incorporadas a distintos expedientes. Esos documentos, según la fiscalía, muestran cómo funcionaba la organización, con registros de recaudación, pagos y distribución de tareas entre los distintos integrantes.

Velasco también sostuvo que el grupo ejercía control territorial dentro del barrio mediante la intimidación y el uso de armas de fuego, lo que generaba temor entre los vecinos y dificultaba la obtención de testimonios directos.

“La vulnerabilidad no es una cuestión menor. En las convenciones sobre crimen organizado se destaca que hay que proteger a las personas más vulnerables y que ello incluye no traerlos a declarar para evitar su victimización”, explicó.

Para el fiscal, la magnitud del caso queda reflejada en la cantidad de condenas acumuladas a lo largo de los años. De acuerdo con el relevamiento realizado por la acusación, entre 180 y 200 personas fueron condenadas en distintos procesos judiciales por su participación en la red.

“Se trata de la mayor banda que ha operado en Argentina por el gobierno territorial y por el tiempo que permaneció en funciones”, sostuvo Velasco durante su exposición.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°3 de la Capital Federal, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, que deberá resolver la situación del acusado una vez finalizada la etapa de alegatos.