Tenía dos condenas por narcotráfico y seguía manejando el negocio desde la cárcel: ahora recibió otra pena

A pesar de estar preso y cumplir condenas previas por narcotráfico, Jorge Eduardo Espinosa —alias “Chaquito”— continuó manejando un circuito de tráfico de drogas que operaba entre Paraguay y varias provincias argentinas. Ahora, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a 13 años de prisión por liderar esa organización criminal desde la cárcel.

El veredicto fue dictado la semana pasada por el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Espinosa, de 31 años, ya cumplía una pena unificada de 10 años y seis meses por causas anteriores vinculadas al narcotráfico mientras se encontraba detenido en la Unidad N°7 del Servicio Penitenciario Federal, en Resistencia.

Según la acusación, desde ese penal dirigía una estructura dedicada al contrabando y comercialización de marihuana que ingresaba al país desde Paraguay y se distribuía desde la localidad correntina de Itatí hacia distintos puntos de la Argentina.

La investigación determinó que la organización funcionó al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023, cuando una serie de allanamientos y detenciones permitió desarticular la red. Durante esos operativos se secuestraron cargamentos de marihuana que superaron los 600 kilos.

El tribunal también condenó a Rubén Ángel María Tabares, un chofer de aplicaciones de 45 años, a 12 años de prisión por su participación en el transporte de la droga. En tanto, Juana Torres, madre de Espinosa, recibió una pena de ocho años de prisión por su rol en la administración del dinero proveniente de la actividad ilícita.

Otras doce personas fueron condenadas previamente en juicios abreviados dentro de la misma causa, con penas que oscilaron entre los tres y seis años de prisión.

Una organización que operaba desde la cárcel

Durante el juicio, las fiscales Tamara Pourcel y Nancy Vargas sostuvieron que Espinosa dirigía las operaciones de la banda aun estando detenido. Según la acusación, utilizaba teléfonos para comunicarse con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa, conocido como “Viru”, y con otros integrantes de la organización.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la estructura tenía roles bien definidos. Algunos miembros se encargaban de introducir la droga desde Paraguay por las costas del río Paraná, otros de acopiarla y fraccionarla, mientras que distintos transportistas realizaban los traslados hacia otras provincias.

Las fiscales describieron a Espinosa como el cerebro de las operaciones. “Espinosa no fue un eslabón más de la cadena. Fue quien decidió, organizó y ordenó”, afirmaron durante el alegato.

Y agregaron: “Desde la cárcel coordinó el ingreso de la droga desde Paraguay, fijó destinos, impartió instrucciones, ordenó cobros y administró ganancias”.

Según la acusación, la red tenía ramificaciones en Corrientes capital, Itatí y la ciudad chaqueña de Resistencia, y distribuía estupefacientes hacia provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

El “triángulo de la impunidad”

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el funcionamiento de la organización se apoyaba en tres figuras centrales: Espinosa, su madre y el transportista. A esa estructura la definieron como “el triángulo de la impunidad”.

En ese esquema, Torres cumplía un papel clave en la administración del dinero del narcotráfico. Según las fiscales, recibía fondos en su cuenta personal y los distribuía siguiendo las instrucciones de su hijo.

“No se limitó a una conducta pasiva ni derivada del vínculo familiar, sino que actuó como receptora, administradora y canalizadora del dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes”, señalaron.

En el caso de Tabares, la fiscalía sostuvo que su rol consistía en facilitar vehículos y realizar los traslados necesarios para que los cargamentos llegaran a destino.

Además, durante el debate se planteó que Espinosa habría contado con la connivencia de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que prestaban servicio en el penal de Resistencia, lo que le habría permitido mantener comunicaciones y coordinar las operaciones.

Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 20 de marzo.