A lo Taylor Swift: cómo es la idea del Gobierno para destrabar la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados de la Nación enfrenta un bloqueo administrativo tras la inscripción masiva de más de 18.000 personas para participar en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. El volumen de interesados, que supera en 22 veces al registrado durante el debate por el aborto en 2018, volvió inviable el cronograma original de aprobar la norma en abril.

Ante esta situación, el oficialismo busca mecanismos para limitar la cantidad de oradores sin incurrir en irregularidades legales que frenen la ley en la Justicia. La propuesta del Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación, propone delegar en las provincias la facultad de determinar qué glaciares cumplen una "función hídrica relevante" para ser protegidos.

Con 18.000 oradores registrados y un tiempo de 5 minutos por exposición, el proceso demandaría 1.500 horas de debate, lo que equivale a 125 jornadas de 12 horas cada una o aproximadamente seis meses de audiencias ininterrumpidas.

¿En qué consiste el "criterio Taylor Swift"?

La estrategia analizada por las autoridades de la cámara baja fue definida de manera irónica por dirigentes de La Libertad Avanza como un sistema similar al ingreso a recitales masivos.

"Vamos a hacer como las colas en los recitales de Taylor Swift: el primero que llega es el que entra", dijo un diputado de La Libertad Avanza a El Diario Ar respecto a la intención de priorizar el orden de inscripción.

El objetivo de Martín Menem es evitar que el debate se extienda hasta septiembre, lo cual colisionaría con la directiva de la Casa Rosada de sancionar la ley la segunda semana de abril. Bajo este esquema, se priorizaría a representantes de gobiernos, instituciones científicas y organizaciones ambientales, dejando fuera a la mayoría de los ciudadanos particulares inscriptos.

¿Qué cambios técnicos propone la nueva ley?

El proyecto sancionado por el Senado, bajo la presidencia de Victoria Villarruel, modifica el objeto de protección de la norma vigente.

• Se establece que el objeto de la ley es preservar glaciares como "reservas estratégicas de recursos hídricos" para consumo humano, agricultura y biodiversidad.
• Los glaciares incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares estarán protegidos solo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas efectivas.
• Si un estudio técnico-científico constata que un cuerpo de hielo no cumple con dichas funciones, dejará de estar alcanzado por las prohibiciones de la ley.
• Se prohíben actividades que alteren de modo "relevante" la condición natural de los glaciares identificados por las provincias.
• La realización del inventario continuará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), bajo la órbita del Conicet, pero las provincias podrán notificar altas y bajas según sus propios estudios.

¿Por qué existe riesgo de judicialización?

Diputados de la oposición, como Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán, advirtieron que limitar la palabra de los inscriptos viola el Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional exige que la participación ciudadana en temas ambientales sea "real, efectiva y sustantiva", no meramente formal.

QUE NO HAGAN TRAMPA. PUBLIQUEN EL REGISTRO DE INSCRIPTOS

El reglamento dice:

1) Convocar a dos reuniones de Audiencia Pública, para el día 25 de marzo de 2026 una reunión con los inscriptos que expondrán de manera presencial; y para el 26 de marzo de 2026, una reunión con los… https://t.co/MaZUbvqENB

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 11, 2026

El abogado ambientalista Enrique Viale señaló que omitir la exposición de los oradores registrados constituiría un "fraude legislativo". De no garantizarse el acceso a la palabra, las organizaciones ambientales aseguran que recurrirán a la Justicia para pedir la nulidad de la ley, lo que afectaría la seguridad jurídica de las inversiones mineras proyectadas por $50.000 millones.

TM