El Gobierno nacional designó al abogado Alejandro Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras la salida de Daniel Vítolo. La decisión fue impulsada por el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, como parte de un recambio de autoridades dentro del organismo y de otras dependencias de la cartera. La llegada de Ramírez al organismo se produjo luego de que Vítolo presentara su renuncia al cargo a pedido del nuevo titular de Justicia.

La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de supervisar el funcionamiento de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, además de intervenir en la registración y fiscalización de personas jurídicas. Por ese motivo, su conducción suele tener impacto directo en la regulación del mundo empresario y de entidades de gran peso institucional.
Ramírez es abogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde además se desempeña como docente de grado y posgrado. En el ámbito privado es socio del estudio jurídico Highton & Ramírez y cuenta con una trayectoria vinculada al derecho societario y al desarrollo de marcos normativos para empresas y emprendimientos.
También representó a la Argentina ante organismos internacionales en materia de derecho mercantil y participó en la elaboración de normas vinculadas a la creación de empresas, como la ley de Apoyo al Capital Emprendedor que incorporó la figura de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). En ese campo, Ramírez fue uno de los defensores de este tipo societario y protagonizó debates públicos y legislativos cuando distintos sectores del gobierno anterior impulsaron restricciones a su funcionamiento.
La designación ocurre además en un momento de fuerte exposición política para la IGJ, que en los últimos meses protagonizó conflictos institucionales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante la gestión de Vítolo, el organismo había impulsado investigaciones sobre la estructura administrativa y financiera del fútbol argentino, incluyendo pedidos para designar veedores que auditen balances y contratos vinculados a la actividad.Ese escenario derivó en un enfrentamiento entre la conducción de la AFA y el organismo de control, que incluso incluyó movimientos institucionales como el cambio de domicilio legal de la entidad del fútbol para salir de la órbita directa de la IGJ.
En ese contexto, la llegada de Ramírez abre interrogantes sobre el rumbo que adoptará el organismo frente a esos expedientes y sobre el perfil que tendrá la nueva gestión. Según fuentes del sector jurídico, se espera una conducción de carácter más técnico y de menor exposición pública, centrada en las resoluciones administrativas del organismo.