Una investigación que se inició por una modalidad de pago poco habitual en el narcomenudeo terminó con el desmantelamiento de dos búnkers de venta de droga en el Bajo Flores. Tras varios meses de seguimiento, la Policía de la Ciudad realizó una serie de allanamientos que derivaron en cinco detenciones, el secuestro de cocaína y pasta base y el cierre de dos puntos de comercialización de estupefacientes.
El operativo incluyó seis procedimientos realizados durante el fin de semana en viviendas de los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia. Allí los investigadores encontraron droga lista para su distribución, armas de fuego, municiones y distintos elementos utilizados para fraccionar estupefacientes.
En total se secuestraron más de 3,4 kilos de droga: 2,6 kilos de cocaína y unos 800 gramos de pasta base, conocida como paco.

Entre los detenidos hay cinco personas: dos ciudadanos peruanos —un hombre de 57 años y una mujer de 37—, una mujer boliviana de 60 años y dos argentinos, una mujer de 40 y un hombre de 34.
De acuerdo con la investigación, la organización estaba integrada por ciudadanos argentinos y peruanos y operaba en distintos puntos del Bajo Flores, utilizando viviendas como lugares de guarda y venta de estupefacientes.
En el barrio Illia se realizaron tres allanamientos en los que los efectivos secuestraron 806 gramos de pasta base y otros 230 gramos de cocaína que ya estaban fraccionados en bolsas de nylon para su distribución.

Las intervenciones continuaron en tres domicilios del barrio Rivadavia. Allí los investigadores hallaron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2.153 gramos, además de otros envoltorios sueltos que sumaban unos 210 gramos.
Durante los procedimientos también se incautaron balanzas digitales de precisión, elementos de fraccionamiento, ocho teléfonos celulares, tres armas de fuego con más de cien municiones y dos cuadernos con anotaciones vinculadas a nombres de personas y movimientos de dinero.
Además, los agentes secuestraron una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada.
La causa había comenzado en agosto de 2025, cuando los investigadores detectaron un punto de venta de droga donde los compradores realizaban pagos mediante la plataforma Mercado Pago. Ese dato permitió reconstruir el funcionamiento de la red y localizar los domicilios utilizados para almacenar y distribuir los estupefacientes.
Tras reunir las pruebas, el juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº26, ordenó los allanamientos, la detención de los sospechosos y el cierre preventivo de los dos búnkers detectados durante la investigación.