Medios, AFA y política
13/03/2026 - Edición Nº1130
Política
Causa AFA
La Justicia sorprende y permite que Chiqui Tapia viaje: ¿próximo destino?
13/03/2026 | El presidente de la AFA recibió permiso judicial para viajar a Paraguay y participar del sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana
Claudio "Chiqui" Tapia fue autorizado a salir del país
La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, a salir del país luego de que se presentara a declarar en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades vinculadas a la retención de impuestos y aportes previsionales en el orden de los $19.300 millones.
Tras la indagatoria realizada este jueves, el dirigente recibió autorización judicial para viajar a Paraguay, donde participará del sorteo de las copas internacionales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entre ellas la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
La investigación apunta a una presunta retención de impuestos y aportes previsionales que rondaría los 19.300 millones de pesos, en un expediente que tiene como eje la situación fiscal de la entidad que conduce Tapia.Frente al juez, el titular de la AFA defendió la actuación de la institución y aseguró que el organismo ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, al tiempo que remarcó que se presentaron ante la Justicia para aclarar la situación.
La autorización judicial le permitirá cumplir con su agenda institucional en el exterior mientras continúa el avance de la causa, en la que el dirigente y otros responsables de la entidad deberán seguir aportando documentación y explicaciones ante la Justicia.
Qué es la causa AFA y quienes están imputados
La investigación contra Claudio 'Chiqui' Tapia se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social sin depositarlos en los plazos legales, en un monto que ronda los 19.300 millones de pesos.
Pablo Toviggino
La causa tramita en el fuero Penal Económico y está a cargo del juez Diego Amarante. En el expediente fueron imputados, además de Tapia, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino y otros dirigentes vinculados al manejo administrativo de la entidad, entre ellos Cristian Malaspina y Víctor Blanco. Todos ellos fueron citados a prestar declaración indagatoria en los tribunales del fuero Penal Económico durante marzo, en el marco de una ronda de audiencias ordenadas por el magistrado para avanzar en la investigación sobre la presunta retención indebida de tributos y aportes previsionales.
La declaración de Tapia
Claudio Tapia compareció ayer ante el juez. En su declaración el dirigente rechazó las acusaciones y sostuvo que su rol se limita a lo meramente institucional, sin tomar intervención en los asuntos contables. A su vez, sostuvo que la entidad actuó dentro de los marcos legales vigentes. El presidente de la entidad rectora del fútbol explicó que la AFA se encuentra adherida a planes de pago y regímenes de regularización que permiten cancelar obligaciones fiscales en plazos extendidos.
Juez Diego Amarante
En ese sentido, afirmó que la institución viene cumpliendo con los compromisos establecidos y remarcó que las deudas señaladas en la causa forman parte de esquemas de financiamiento autorizados por la normativa tributaria.
Cuál es la pena en expectativa
El delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social está tipificado en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, vigente a través de la ley 27.430. La norma establece que incurre en este delito quien, habiendo retenido o percibido impuestos o aportes previsionales —como contribuciones a la seguridad social— no los deposita en los plazos legales correspondientes ante el fisco.
De acuerdo con la citada ley, cuando los montos superan los mínimos fijados por la ley, la conducta puede ser sancionada con penas de prisión de dos a seis años. Se trata de una figura penal que busca sancionar a quienes actúan como agentes de retención o percepción —por ejemplo empleadores o entidades— y se apropian de fondos que en realidad pertenecen al Estado o al sistema previsional
