Senegal aprobó una reforma legal que endurece las penas contra la homosexualidad y profundiza un debate que atraviesa al país desde hace años. El Parlamento votó modificar el artículo 319 del Código Penal para aumentar las sanciones contra las relaciones entre personas del mismo sexo, que ahora pueden ser castigadas con hasta diez años de prisión. La medida fue aprobada con amplio respaldo político y refleja el peso que tienen las corrientes conservadoras en el debate público senegalés.
La homosexualidad ya estaba penalizada en Senegal desde la década de 1960, pero la nueva reforma eleva significativamente las condenas y limita las posibilidades de que los jueces suspendan las penas. También introduce castigos para quienes promuevan o financien actividades vinculadas a la defensa de los derechos LGTBI. Para sus impulsores, la norma busca proteger los valores culturales y religiosos del país frente a lo que consideran una influencia externa.
El endurecimiento de la ley ocurre en un contexto marcado por una fuerte presión de sectores religiosos y movimientos conservadores que desde hace años reclamaban medidas más severas. Líderes políticos cercanos al gobierno sostuvieron que la legislación responde a una demanda social mayoritaria y que el Estado debe preservar las tradiciones morales del país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y activistas LGTBI advierten que la reforma puede profundizar un clima de persecución social. Denuncian que en los últimos meses han circulado en redes sociales listas con nombres y fotografías de personas acusadas de ser homosexuales, lo que ha provocado amenazas, agresiones y desplazamientos internos.
España gasta 45 millones al año en cooperación internacional en Senegal.
— Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) March 13, 2026
Acaban de aprobar una ley que eleva a 10 años las penas por practicar la homosexualidad.
Propongo no darles un solo euro más. Si quieren vivir en la Edad Media, que lo hagan con todas sus consecuencias. pic.twitter.com/lrr9bxut3l
La reforma en Senegal se inscribe dentro de una tendencia más amplia en varios países africanos que han endurecido sus legislaciones contra la homosexualidad. En los últimos años, debates similares se han desarrollado en Uganda, Ghana y Burkina Faso, donde gobiernos y parlamentos impulsaron leyes con sanciones más severas.

Para analistas internacionales, este fenómeno refleja tensiones entre los discursos sobre derechos humanos impulsados por organismos globales y las dinámicas políticas internas de varios países africanos. Mientras algunos gobiernos defienden estas leyes como expresión de soberanía cultural, organizaciones internacionales advierten que pueden aumentar la vulnerabilidad de minorías y profundizar el aislamiento diplomático de los países que las adoptan.