Poder político
17/03/2026 - Edición Nº1134
Internacionales
Seguridad
Pandillas y poder: el dilema de la seguridad en El Salvador
13/03/2026 | El estado de excepción redujo la violencia en El Salvador, aunque organizaciones advierten sobre abusos y riesgos institucionales.
El CECOT simboliza la ofensiva contra pandillas y la polémica sobre derechos.
El llamado “modelo salvadoreño” de seguridad se basa en un estado de excepción que permitió al Gobierno de Nayib Bukele desplegar una ofensiva masiva contra las pandillas. Las autoridades sostienen que la política logró una caída histórica de los homicidios y transformó la vida cotidiana en un país que durante años estuvo entre los más violentos del mundo.
Para el Ejecutivo salvadoreño, la estrategia responde a una demanda social clara: recuperar el control territorial y garantizar seguridad. La popularidad del presidente refleja ese respaldo ciudadano, aunque sectores críticos sostienen que la concentración de poder y la suspensión de garantías generan riesgos para el Estado de derecho.
El Salvador
El Salvador es una pequeña nación de América Central. Es conocida por sus playas en el océano Pacífico, los sitios de surf y el paisaje montañoso.
Debate sobre el impacto del modelo
Organizaciones de derechos humanos y analistas han denunciado que el régimen de excepción permitió detenciones masivas y condiciones carcelarias cuestionadas. Informes mencionan casos de abusos, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias que afectarían también a personas sin vínculos con pandillas.
El Gobierno salvadoreño rechaza estas acusaciones y sostiene que la prioridad ha sido desmantelar estructuras criminales que durante décadas dominaron barrios enteros. Según la narrativa oficial, la magnitud del problema exigía medidas extraordinarias para recuperar la seguridad pública.
El modelo Bukele reduce homicidios pero enfrenta denuncias por abusos y detenciones masivas.
Proyección internacional del modelo
El enfoque de seguridad de El Salvador ha despertado interés en otros países que enfrentan altos niveles de violencia. Para algunos gobiernos y sectores políticos, la experiencia salvadoreña demuestra que una política de mano dura puede alterar rápidamente el control territorial del crimen organizado.
El estado de excepción llevó a más de 100 000 detenidos y generó debate global.
Al mismo tiempo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos advierten que el desafío para El Salvador será consolidar los avances en seguridad sin erosionar las garantías institucionales. El debate sobre el “modelo Bukele” se ha convertido así en una discusión regional sobre cómo equilibrar seguridad, derechos y gobernabilidad.
