La petrolera española Repsol firmó un “acuerdo estratégico” con el Gobierno interino de Venezuela para producir gas en el campo Cardón IV. La operación, que incluye a la italiana Eni, permitirá asegurar el abastecimiento doméstico y ampliar la exportación de gas natural. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, celebró el negocio y elogió a las empresas europeas que permanecieron en el país cuando otros actores salieron, destacando la histórica presencia de Repsol en Venezuela. El acuerdo se anunció pocos días después de que la Administración Trump levantara temporalmente las sanciones que pesaban sobre el sector petrolero y gasífero venezolano.
Este paso representa un vuelco para una industria que, a pesar de que Venezuela posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, ha sufrido por décadas de mala gestión, corrupción y falta de inversión. Repsol había anticipado su intención de invertir más en Venezuela cuando su consejero delegado, Josu Jon Imaz, aseguró a Donald Trump que la compañía estaba lista para triplicar su producción en el país en dos o tres años. Para muchos analistas, la alianza con Eni y el visto bueno de Washington son las únicas garantías que permiten a una empresa occidental volver a operar en un entorno tan inestable.
La mandataria interina Delcy Rodríguez afirmó en la televisión estatal que el objetivo es convertir a Venezuela en un exportador de gas. El proyecto se centra en Cardón IV, yacimiento marino donde Repsol y Eni ya operan desde hace años, y que abastece a buena parte de la red eléctrica nacional. Con el nuevo contrato, se ampliará la producción para atender la demanda interna y vender excedentes a países vecinos. Rodríguez enfatizó que trabajar con socios europeos demuestra la confianza en la estabilidad del país y reiteró que las compañías extranjeras pueden contar con Venezuela para desarrollar más proyectos.
La operación se da en un contexto político singular: el expresidente Nicolás Maduro fue detenido en enero por fuerzas estadounidenses en una operación militar sin precedentes, lo que allanó el camino para un Gobierno interino supervisado por Washington. La Casa Blanca busca asegurar el suministro de gas para aliviar los precios domésticos y apoya que empresas de su órbita participen en la reconstrucción energética venezolana. Para la oposición interna y algunos economistas, el acuerdo con Repsol no garantiza que los ingresos se traduzcan en mejoras sociales; temen que repita el ciclo de dependencia de las materias primas y beneficie a las élites relacionadas con el chavismo.

La inversión de Repsol podría tener efectos en el mercado gasífero de América del Sur. Si se cumple el plan de triplicar la producción, Venezuela podría exportar gas a Colombia, Brasil y otros países, reduciendo la dependencia regional de Bolivia y Trinidad y Tobago. Además, los ingresos podrían financiar infraestructura y servicios públicos, lo que aliviaría parcialmente la crisis humanitaria. Sin embargo, el proyecto está sujeto a riesgos: el frágil marco institucional venezolano, los cambios de rumbo políticos y la posibilidad de nuevas sanciones hacen que cualquier inversión sea incierta. Repsol y Eni deben navegar entre las presiones de Washington y las demandas de un gobierno provisional que, a su vez, enfrenta resistencia de sectores del chavismo.

El acuerdo también plantea interrogantes sobre el compromiso de la izquierda latinoamericana con modelos de desarrollo sostenibles. Durante años, el chavismo se presentó como defensor de la soberanía energética; ahora necesita la bendición de Estados Unidos para reflotar su industria. Este giro evidencia la inconsistencia de los discursos antiimperialistas y resalta que sin cooperación internacional no hay salida a la crisis. Para España e Italia, el retorno a Venezuela representa una oportunidad económica, pero también un riesgo reputacional si el gobierno interino no respeta los derechos humanos y la transparencia.