A partir de una resolución de la Justicia de Mendoza, miles de afiliados al PAMI recuperarán el acceso a medicamentos con cobertura total. El avance surge de un acuerdo de "reparación integral" que obliga al organismo nacional a flexibilizar los requisitos económicos para otorgar el beneficio de gratuidad, el cual se había visto restringido por los recortes aplicados desde diciembre de 2024.
La medida tiene alcance nacional y pone fin a una de las barreras más cuestionadas: la suma de haberes para calcular el tope de ingresos. Hasta esta resolución, el organismo sumaba la jubilación y la pensión de un mismo beneficiario; si el total superaba el equivalente a un haber mínimo y medio, el afiliado perdía el derecho a los remedios sin costo.
Con el nuevo criterio judicial, los montos de jubilación y pensión ya no se sumarán para evaluar el acceso a la gratuidad, permitiendo que quienes perciben dos beneficios mínimos recuperen la cobertura del 100% en medicamentos esenciales.

El cambio impacta directamente en los sectores de menores ingresos, especialmente en aquellos adultos mayores que perciben una jubilación mínima y, tras la pérdida de su cónyuge, también una pensión mínima. Bajo el esquema anterior, ese grupo superaba el límite de ingresos netos (fijado en aproximadamente $389.000 a finales de 2024) y debía afrontar el costo de sus remedios con descuentos parciales de entre el 50% y el 80%.
La abogada de la causa y exdiputada, Marisa Uceda, explicó que esta resolución permite que “quienes perdieron a su compañero o compañera y perciben los dos beneficios mínimos recuperen la total cobertura”. Además de la flexibilización de ingresos, el acuerdo contempla:
El retroceso en el recorte no fue una decisión administrativa voluntaria, sino la consecuencia de una fuerte presión penal. El titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y el director en Mendoza, David Litvinchuck, fueron imputados por el delito de "desobediencia a la Justicia" tras incumplir órdenes previas que exigían garantizar la entrega de fármacos.
Para evitar una condena efectiva y antecedentes penales, los funcionarios aceptaron firmar una "reparación integral". Según los abogados Carlos Blanco y Uceda, esta estrategia judicial fue el "catalizador" que obligó a las autoridades a sentarse a negociar una ampliación real de la base de afiliados beneficiarios. Al tratarse de un acuerdo homologado, el PAMI se compromete a una solución fáctica e inmediata para evitar la sentencia definitiva.
La resolución llega en un momento crítico para la economía de los adultos mayores. Según el último informe de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los jubilados ascendió en marzo de 2026 a $1.824.682, una cifra que cuadruplica el haber mínimo actual de $450.286 (incluyendo el bono).
En este contexto, los gastos en farmacia representan el 28% del presupuesto mensual de un jubilado, alcanzando un promedio de $503.600. La restitución de la gratuidad actúa como un freno al deterioro del poder adquisitivo, permitiendo que el ingreso se destine prioritariamente a la alimentación, rubro que consume otro 23% de sus haberes.
Aunque el derecho se restituye por vía judicial, el acceso requiere una gestión administrativa simplificada. El acuerdo establece un "procedimiento ágil" donde los afiliados no deberán acreditar excesiva documentación de vulnerabilidad; en la mayoría de los casos, bastará con presentar la solicitud correspondiente en las agencias del organismo o a través de su plataforma digital.
Es importante destacar que se mantienen las excepciones para quienes, aun superando los topes de ingresos, demuestren que el gasto en medicamentos representa más del 15% de sus ingresos totales. Sin embargo, para los beneficiarios de dos haberes mínimos, la restitución debería ser directa al dejar de aplicarse la suma acumulada de beneficios.
TM