Costa Rica enfrenta un alarmante aumento en la violencia contra las mujeres: en 2024 se registraron 40 feminicidios, récord histórico, y en los primeros meses de 2026 ya hay nueve víctimas. Nombres como María Emilia, Xinia y Yesenia reflejan una crisis que el Estado no ha sabido atender. El caso de Nadia Peraza, joven asesinada por el padre de su hija, ha conmocionado al país; la patóloga forense describió la brutalidad del crimen como algo nunca visto en 19 años de trabajo.
El agresor enfrenta un cargo de femicidio calificado, figura legal que permite penas más severas cuando existe relación de pareja. Sin embargo, la familia denuncia que las autoridades tardaron tres meses en realizar allanamientos pese a denuncias previas de violencia doméstica.
El Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, bajo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), debe determinar cuándo una muerte se clasifica como feminicidio. Investigadoras como Marcela Vindas señalan que la subcomisión está compuesta por funcionarios con otras responsabilidades, lo que retrasa las decisiones y evidencia falta de recursos.
Defensoras de derechos humanos critican al Estado por no hacer lo suficiente para prevenir la violencia, reparar a las víctimas y tomar acciones para evitar la repetición. Mariana Mora, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, culpa a la baja inversión social de los últimos gobiernos y apunta que la precariedad obliga a muchas mujeres a permanecer con sus agresores.

Académicas como Gabriela Arguedas advierten que la violencia machista está vinculada a la proliferación de discursos misóginos y antidemocráticos que se legitiman desde la política. La derogación de normas sobre aborto terapéutico y casos de hostigamiento sexual en la cúpula estatal agravan un clima de impunidad.

Pese a la entrada en vigor de una Ley de Reparación Integral en 2022, el fondo para las víctimas quedó congelado en la administración de Rodrigo Chaves. Los familiares de las víctimas exigen acompañamiento, justicia y una reforma profunda del sistema que garantice protección real. La crisis de feminicidios revela la necesidad urgente de fortalecer instituciones y enfrentar la misoginia estructural en Costa Rica.