Energía clave
15/03/2026 - Edición Nº1132
Internacionales
Sin patria
Desnacionalizados y sin derechos: la crisis de los haitianos en Santo Domingo
15/03/2026 | Doce años de apatridia: dominicanos de origen haitiano siguen sin derechos.
El movimiento Reconoci.do exige restitución plena de derechos y denuncia discriminación racial.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 despojó de nacionalidad a cientos de miles de personas de ascendencia haitiana; en 2026 aún hay 150.000 apátridas, víctimas de redadas y exclusión social.
“Es como si no existieras. No puedes ni comprar una tarjeta SIM”. Con esas palabras, Franklin Dinol, coordinador del movimiento Recono.cido, resume la situación de las personas dominicanas de origen haitiano que llevan doce años sin ciudadanía. En 2013, la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional anuló retroactivamente el derecho al ius soli para quienes nacieron en el país entre 1929 y 2010 de padres haitianos. Cerca de 200.000 personas perdieron su nacionalidad de un día para otro. Muchos eran trabajadores del azúcar que habían vivido toda su vida en República Dominicana.
Aunque en 2014 el Congreso aprobó la ley 169-14 para permitir la naturalización, las cifras cuentan otra historia: se calcula que 150.000 personas siguen apátridas. De los 61.000 afectados inscritos en el Registro Civil (grupo A), más de 34.000 no han recuperado su nacionalidad; del grupo B, integrado por quienes nunca fueron registrados, solo 8.755 lograron regularizarse. La naturalización otorgada es además una ciudadanía de “segundo nivel”, y no resuelve plenamente la discriminación. Mientras tanto, las redadas migratorias se intensifican: entre septiembre de 2024 y mediados de 2025 fueron deportadas a Haití más de 370.000 personas, superando incluso las expulsiones de Estados Unidos durante el mismo periodo.
República Dominicana
República Dominicana es un país del Caribe que comparte la isla La Española con Haití al oeste. Es conocida por sus playas, centros turísticos y áreas de golf. Su terreno incluye bosques tropicales, sabana y tierras altas, incluida Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe.
Violación de derechos
La desnacionalización ha tenido consecuencias devastadoras. Jóvenes como Jermania Sevito, que estudiaba en la universidad cuando perdió su nacionalidad, se vieron obligados a abandonar sus estudios. Sin documentos, no pueden trabajar de manera formal, casarse o registrar a sus hijos. La activista define la situación como un “genocidio civil”, pues priva a estas personas de los derechos más básicos. El Estado dominicano, que durante décadas atrajo mano de obra haitiana para la industria azucarera, convirtió la exclusión en política pública, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
El movimiento Reconoci.do, con una red de 600 líderes, se ha erigido en la voz de los apátridas. Exige la restitución de la nacionalidad plena y denuncia el sesgo racial de las autoridades. La sentencia de 2013 solo fue el desenlace de años de trabas administrativas para inscribir a hijos de haitianos. Las familias habían tenido que peregrinar de municipio en municipio hasta encontrar un registro dispuesto a aceptarlos. Franklin Dinol recuerda que el Estado “se quitó la careta” y formalizó una discriminación sistémica que sigue vigente.
Una sentencia de 2013 dejó sin nacionalidad a 200.000 dominicanos de origen haitiano.
Racismo y resistencia
Activistas y expertos señalan que la desnacionalización está alimentada por un discurso xenófobo y racista que considera a los dominicanos de ascendencia haitiana como extranjeros permanentes. Las redadas se han vuelto rutinarias y se realizan con un componente racial evidente. Además, en un país con 11,5 millones de habitantes y menos de un millón de haitianos, la población de origen haitiano es chivo expiatorio de problemas sociales. La política de expulsiones masivas genera tensiones con Haití y con organismos internacionales que han condenado la práctica.
En 2026 aún quedan 150.000 apátridas y continúan las redadas y deportaciones.
Aunque la comunidad internacional ha presionado para que República Dominicana revierta la sentencia, el Gobierno de Luis Abinader sostiene que está aplicando sus leyes soberanas. Organizaciones de derechos humanos, en cambio, demandan una solución definitiva que devuelva la ciudadanía y detenga las deportaciones. Señalan que la economía dominicana depende de la mano de obra haitiana en agricultura, construcción y turismo, por lo que la exclusión es contraproducente. Para fortalecer la cohesión social y la estabilidad regional, advierten, es imprescindible reconocer los derechos de estos ciudadanos y poner fin a doce años de apatridia.
