La crisis hídrica en Tucumán escala al plano legislativo. Tras las intensas lluvias que dejaron un saldo de 15.000 vecinos evacuados, el legislador provincial Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para declarar la emergencia social y económica en toda la provincia por un plazo de 180 días.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de bloques oficialistas y opositores, busca agilizar el envío de subsidios y ayudas directas a quienes perdieron sus pertenencias. El objetivo central es mitigar el impacto de un fenómeno climático que las autoridades ya califican como "extraordinario".

La situación más crítica se vive en La Madrid, donde se concentran 4.500 de los evacuados. Sin embargo, el panorama es igualmente grave en Chicligasta y Sol de Mayo, tras el desborde del río Marapa, cuyo caudal alcanzó niveles históricos debido a los acumulados de agua.
Para intentar drenar las zonas anegadas, se debió realizar una maniobra extrema en la Ruta 157, donde se voló parte del terraplén para facilitar el escurrimiento. Aunque el agua comenzó a bajar lentamente, la infraestructura vial y productiva de la zona sur quedó seriamente dañada.

La preocupación ahora se centra en el cielo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un pronóstico desalentador con una probabilidad de tormentas del 80% para las próximas horas. Esta inestabilidad amenaza con complicar las tareas de asistencia y el regreso de las familias a sus hogares.
De aprobarse la ley, el Ejecutivo provincial podrá implementar programas especiales de recuperación de viviendas y asistencia a productores. La medida contempla además una prórroga por otros seis meses, previendo que la reconstrucción de las localidades afectadas será un proceso a largo plazo.