Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, destinado a asistir a personas y hogares que enfrentan dificultades para pagar deudas vinculadas al consumo de bienes y servicios esenciales.
La iniciativa busca establecer mecanismos de refinanciación y alivio para pasivos contraídos con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otras entidades financieras o no financieras. Según el texto del proyecto, el objetivo es proteger a las familias que se endeudaron para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos o servicios públicos.
La propuesta se inscribe además en un eje discursivo que el kirchnerismo viene sosteniendo desde la oposición al gobierno de Javier Milei: la crítica simultánea al endeudamiento externo y al creciente endeudamiento de los hogares.
La problemática del endeudamiento familiar fue mencionada en reiteradas ocasiones por la expresidenta Cristina Kirchner en intervenciones públicas y documentos políticos.
Desde ese espacio sostienen que, además de las discusiones sobre la deuda pública, existe un proceso de expansión del crédito destinado a sostener el consumo básico, lo que —según ese diagnóstico— estaría generando una creciente presión financiera sobre los hogares.
En ese marco, el kirchnerismo incorporó el tema del sobreendeudamiento de las familias como una de las principales críticas a la política económica del actual gobierno, argumentando que muchas personas recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.
¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 24, 2025
Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos…
Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…
Y que, además, con el endeudamiento criminal que…
El proyecto establece la creación del Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, destinado a facilitar la cancelación o reprogramación de deudas de personas humanas que se encuentren en situación de morosidad o riesgo de insolvencia.
La iniciativa alcanzaría a deudas generadas por:
El programa se aplicaría exclusivamente a deudas vinculadas con el consumo esencial, es decir, aquellas destinadas a cubrir bienes y servicios básicos de la canasta familiar.
El texto del proyecto define como consumo esencial a las compras o gastos vinculados con:
De acuerdo con los autores del proyecto, este tipo de endeudamiento refleja que muchas familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reprogramación obligatoria de deudas a solicitud del deudor.
Según el proyecto, las entidades financieras y no financieras deberían ofrecer planes con condiciones mínimas como:
Además, la adhesión implicaría la novación de la deuda, es decir, la extinción de los intereses moratorios acumulados previamente.
Durante el período de pago, el proyecto también prevé la suspensión de acciones judiciales de cobro contra quienes se adhieran al programa.
La iniciativa contempla la creación del Fondo Nacional de Compensación del Alivio Financiero (FONAF), que funcionaría como un fideicomiso destinado a cubrir la diferencia entre las tasas de mercado y los topes establecidos por el programa.
El fondo se financiaría mediante una contribución obligatoria extraordinaria equivalente al 1% de las utilidades netas anuales de entidades financieras, emisoras de tarjetas, proveedores de servicios de pago y empresas de crédito no financiero que operen en el país.
En los fundamentos del proyecto se citan cifras del informe de estabilidad financiera del Banco Central de la República Argentina, que señalan que la morosidad de las familias alcanzó el 9,3% en febrero de 2026, triplicando los niveles registrados en 2024. Según el texto, esta situación afectaría a 6,2 millones de personas.
Los autores del proyecto sostienen además que el 70% de las deudas de los hogares se contraen para cubrir necesidades básicas, mientras que la deuda promedio de las familias habría pasado de representar 1,5 salarios en 2024 a 2,5 salarios en 2025.
También advierten que los niveles de mora son mayores en el sector financiero no bancario y en plataformas digitales, donde la irregularidad alcanzaría el 24,6%, frente al 8,8% del sistema bancario tradicional.
El proyecto establece que el programa tendría una vigencia inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga por decisión del Congreso.
La autoridad de aplicación sería el Banco Central, encargado de dictar las normas reglamentarias necesarias para implementar el esquema de refinanciación.
En caso de avanzar en el trámite parlamentario, la iniciativa abrirá un nuevo debate sobre el acceso al crédito, el endeudamiento de los hogares y el rol del Estado en la regulación del sistema financiero.