Escándalo en INTA: Denuncia penal y dudas en la venta de su edificio emblema

Una denuncia penal puso bajo la lupa la venta de la sede del INTA en Palermo por USD 18 millones y abrió interrogantes sobre el procedimiento de subasta y el destino del dinero.

El remate del edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ubicado en el barrio porteño de Palermo, fue concretado a fines de 2024 durante la gestión libertaria al frente del organismo. La operación fue ejecutada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y convalidada por mayoría por el Directorio de la entidad, integrado por representantes del Gobierno, de entidades del agro y del ámbito académico.

El caso volvió al centro de la escena tras un contundente dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que depende del Ministerio Público Fiscal.

En ese marco, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Fuerza Patria) y Nahuel Levaggi, titular de la Unión de Trabajadores de la Tierra, presentaron una denuncia judicial contra funcionarios del gobierno de Javier Milei por las presuntas irregularidades que se habrían producido durante el proceso.

El inmueble, ubicado en la calle Cerviño al 3100, fue adquirido por el estudio de arquitectos Brukman Mansilla. Sin embargo, según plantea la denuncia, el procedimiento habría avanzado pese a advertencias previas del fiscal Sergio Rodríguez, quien señaló que el trámite no se ajustaba a la normativa vigente para la administración de bienes del Estado y que el inmueble no cumplía con las condiciones habituales para ser subastado.

A eso se suma otro punto que, según el diputado, resulta aún más grave: el destino de los fondos obtenidos en la operación. De acuerdo con la legislación vigente, el 70% del dinero debía ser transferido de forma inmediata al INTA, pero ese monto —unos USD 13 millones— no habría ingresado al organismo, según la denuncia.

“De los 18 millones de dólares, 13 millones le correspondían al INTA y no los recibió. No se sabe dónde están”, aseguró Tailhade en declaraciones a NewsDigitales, donde también advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en la operatoria.

El dictamen que encendió las alarmas

La denuncia se apoya en un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el organismo judicial que investiga posibles hechos de corrupción en la administración pública.

Según explicó Tailhade, el fiscal Sergio Rodríguez detectó irregularidades en el procedimiento impulsado por la AABE para rematar el inmueble.

“El fiscal concluyó que había un procedimiento absolutamente irregular en el trámite de subasta de uno de los bienes más valiosos del INTA”, sostuvo el legislador.

Entre otras observaciones, el dictamen señaló que el edificio no se encontraba en desuso ni había perdido su función institucional, una de las condiciones que suelen justificar la intervención del organismo encargado de administrar propiedades estatales

“En el edificio de Cerviño trabajaban unas 140 personas. Tiene funciones específicas y no estaba en desuso, que es el tipo de inmueble que normalmente puede administrar la AABE para su eventual venta”, agregó el diputado.

Para Tailhade, avanzar con la subasta en esas condiciones contradecía la normativa vigente y las advertencias previas realizadas por el fiscal.

La incógnita sobre el destino de los USD 13 millones

El aspecto más sensible de la denuncia apunta al destino de los fondos obtenidos en la operación.

La normativa establece que, cuando se vende un bien perteneciente a un organismo descentralizado, el 70% del monto debe ser transferido al organismo de origen y el 30% restante al Tesoro Nacional.

El diputado de Fuerza Patria Rodolfo Tailhade (Foto Prensa Diputados) 

En este caso, de los USD 18 millones obtenidos por la subasta, alrededor de USD 13 millones debían ser remitidos al INTA.

“Llevan casi un año y no hay ninguna explicación. No es que dijeron que el dinero está depositado o que están terminando un trámite. Nadie explicó dónde está esa plata”, advirtió Tailhade.

Las responsabilidades que señala la denuncia

El diputado nacional también apuntó contra funcionarios y autoridades que intervinieron en el proceso.

Entre los señalados se menciona a Nicolás Alberto Pakgojz, quien se desempeñaba al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y a Nicolás Bronzovich, a cargo de la conducción del INTA durante ese período.

Además cuestionó el rol del directorio del organismo – entre ellas entidades rurales como Sociedad Rural, CRA, Coninagro, Federación Agraria y CREA/AACREA-  que autorizó por mayoría la subasta pese a las advertencias planteadas durante el procedimiento.

“Que a un año no hayan hecho ninguna gestión para reclamar ese dinero indica que saben algo, o están ocultando, encubriendo o son cómplices de lo que pasó”, aseguró el legislador, quien además integra el Consejo de la Magistratura.

Sobre los posibles delitos, el ex inspector general de Justicia de la Nación anticipó que las conductas investigadas “de mínima implican defraudación a la administración pública, porque estás rematando un bien en condiciones claramente perjudiciales para el Estado y probablemente tengas negociaciones incompatibles con la función pública. Y por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después veremos si aparecen cohechos u otras sorpresas”, sostuvo.

Las dudas de Tailhade sobre el avance judicial

La causa quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano, dos figuras conocidas de los tribunales de Comodoro Py.

Tailhade puso reparos sobre la posible actuación de ambos magistrados y los vinculó con lo que el kirchnerismo define como lawfare contra Cristina Kirchner, en referencia a la Causa Vialidad que derivó en la detención y proscripción de la expresidenta o la Causa Hotesur-Los Sauces.

En el caso de Ercolini, también es recordado por el polémico encuentro realizado en 2022 en Lago Escondido, en la estancia del empresario británico Joe Lewis, del que participaron jueces, empresarios y funcionarios.

“Probablemente duerman la siesta, como hacen habitualmente cuando hay denuncias contra el gobierno”, afirmó el dirigente, en referencia a la investigación.

Advertencias sobre el patrimonio del INTA

Más allá del caso puntual, Rodolfo Tailhade sostuvo que la venta del edificio podría formar parte de un proceso más amplio de reducción del patrimonio del organismo.

En ese sentido, recordó que el Instituto posee numerosas propiedades y tierras experimentales en distintas regiones del país que podrían quedar expuestas a operaciones similares.

“Están dispuestos a rematar todo el patrimonio del Instituto”, señaló y agregó: “En todo el país el INTA tiene tierras valiosísimas, desde chacras experimentales en el sur hasta hectáreas en plena pampa húmeda” sostuvo.

Protestas contra el remate de la sede central del INTA 

En paralelo, el diputado indicó que también analizan impulsar iniciativas en el Congreso.

“Vamos a plantear este tema en algún proyecto de resolución para discutir en comisiones. El INTA ya fue parte de una discusión importante que impulsó nuestro bloque el año pasado en el marco de la preocupación por el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico nacional. El Congreso también va a ser una caja de resonancia y no descarto pedir información pública al Gobierno para saber dónde están esos 13 millones de dólares”, concluyó.