Florencio Varela: cómo operaba el hogar de terror que explotaba a menores

El concepto de "hogar" fue convertido en una estructura de explotación y tortura en la periferia de Florencio Varela. En un operativo que desnudó la cara más oscura del sistema de protección de menores, trece niños y adolescentes —varones y mujeres— fueron rescatados de una institución en la cual, lejos de recibir cuidado, eran sometidos a un régimen de servidumbre incompatible con cualquier derecho humano básico. 
La investigación, liderada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, de la UFI N.º 8 de Berazategui, reveló que los menores eran obligados a realizar tareas de albañilería, preparación de cemento y desmonte con machetes, extendiendo las jornadas laborales bajo la lluvia y hasta la medianoche.  

El escenario descrito por las autoridades es dantesco. Los niños no solo debían levantar cargas pesadas y construir cercos, sino que eran forzados a recolectar con carretillas las heces de 31 perros y dos caballos que habitaban el predio. Aquellos que se resistían al maltrato o no cumplían con las cuotas de trabajo impuestas sufrían represalias atroces: desde la privación de alimento hasta el abandono a la intemperie durante las noches de frío. Los golpes con objetos contundentes eran parte de la disciplina cotidiana en un entorno de hacinamiento extremo, en el que algunos niños llegaban a dormir en el suelo junto a los animales, sin acceso a higiene básica ni atención médica, incluso cuando presentaban cuadros febriles o enfermedades.

La red de impunidad que sostenía este centro de explotación tenía, presuntamente, terminales en el propio Estado. La causa investiga a dos funcionarios de organismos de Niñez de la zona oeste, acusados de utilizar información privilegiada para alertar a las responsables del hogar antes de los procedimientos judiciales.  Según la acusación, estos agentes habrían facilitado el "acondicionamiento" del lugar para ocultar las pruebas del maltrato antes de los allanamientos. Sin embargo, el despliegue de la división de Cibercrimen contra las Infancias de la Policía Bonaerense logró secuestrar dispositivos electrónicos y documentación clave que confirmaría la sistematicidad de los abusos y las maniobras de encubrimiento.

Actualmente, las dos mujeres señaladas como las principales responsables se encuentran detenidas y a disposición de la Justicia, enfrentando cargos que van desde la reducción a la servidumbre hasta el abandono de persona y lesiones graves. 

Mientras los trece menores intentan recuperar la infancia que les fue arrebatada en un proceso de revinculación y asistencia psicológica, el caso abre un debate urgente sobre los mecanismos de auditoría en los centros de asistencia. El secuestro de discos rígidos y teléfonos celulares será determinante para establecer si este "hogar" de Florencio Varela funcionaba como una célula aislada o si formaba parte de una trama de corrupción más profunda en el sistema de minoridad provincial.