Se ponen obtusos y el pueblo sufre

Desde hace cerca de 15 días, el mundo vuelve a estar convulsionado como consecuencia de la nueva guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo cual no es ni más ni menos que la vieja teoría de los dos demonios o, en este caso, de dos estados que causan estragos en la población mundial. Pero, como es una constante en nuestro país en este tipo de confrontaciones, y en medio de un gobierno que no sabe nada de geopolítica, como tampoco es consciente de lo que esto puede generar en la Argentina ni de los corolarios para nuestra población, vamos a pagar muy caro —nuevamente—, como ya pasó con la Guerra del Golfo de 1991.

En aquel momento, nuestro país intervino enviando dos fragatas de apoyo y el resultado fueron dos atentados terroristas: uno contra la Embajada de Israel y otro contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que costaron la vida de muchos de nuestros compatriotas. Fue consecuencia de no haber aprendido del repudio histórico mundial que sufrió la Argentina por haber declarado la guerra al triple eje Alemania-Italia-Japón en la Segunda Guerra Mundial, faltando apenas tres días para la rendición definitiva, con el objetivo de ingresar al reparto de beneficios por haber ganado, abandonando la histórica tercera posición, normal y habitual, que posee nuestro país en esos conflictos y que nos permite crecer en forma meteórica debido a tener lo que todos los países intervinientes necesitan en esos escenarios: petróleo y comida.

En esta ocasión, el origen de la guerra, como en el caso del secuestro de Nicolás Maduro —técnicamente eso es lo que ocurrió—, está en el petróleo y en los recursos naturales. El actual gobierno llegó con un cúmulo de mentiras sobre las que muchos advertimos que no se podían cumplir y que al pueblo le iba a doler muchísimo el período completo de gestión porque: 1) mintió al decir que iba a mejorar la condición de vida de la población con la apertura económica; y 2) mintió al asegurar que quien iba a pagar el ajuste iba a ser la casta política.

Por lo cual podemos mostrar, para el primer punto, que ante una apertura económica total y mal ejecutada hoy tenemos 22.000 empresas menos y 300.000 trabajadores registrados menos. Además, al no crear los 170.000 empleos registrables anuales, estamos en una crisis de falta de 640.000 empleos no creados en tan solo dos años, hasta el 31 de enero de 2026.

Pero, a nivel energético, en estos dos últimos años hizo muchos desarreglos en YPF, la empresa estatal, malvendiendo muchos pozos convencionales aproximadamente al 25% de su valor de inicio, cuando hoy se encuentran en explotación plena, supuestamente para dedicarse casi en exclusividad a los pozos no convencionales de petróleo y gas.

Durante enero de 2026, nuestro país produjo un total de 882.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales 660.000 fueron no convencionales y 282.000 convencionales. Por lo tanto, solo en enero se produjeron 18.600.000 barriles de shale y 8.742.000 barriles convencionales, lo que genera un total anual de 223.200.000 y 104.904.000 respectivamente.

Con esos datos, y recordando que cada barril posee 159 litros de petróleo crudo, debemos entender que la administración actual no sabe nada de energía o se encuentra abocada a puros negociados. Pero sí debemos decirles que su “ideología” no les permite razonar que nuestro país es productor de energía y no solo consumidor, como lo es, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay —estamos describiendo sin querer discriminar a nadie—.

Tenemos que poseer el petróleo a nivel interno a precio de producción, es decir, en pesos. Eso haría que el barril de petróleo convencional debiera tener un valor equivalente a 14 dólares en lugar de 28 dólares, y el shale, un equivalente a 17 dólares en lugar de los 35 que vale hoy. Esa diferencia, multiplicada por la cantidad total de barriles, genera una falta de reservas cercana a los 5.000 millones de dólares en un solo año, manteniéndose este nivel de producción. Aunque también genera un valor muy alto de subsidios a la energía que llevan al déficit fiscal, y este es uno de los causales de la inflación, que acumula ya hoy nueve meses consecutivos de crecimiento.

Esto, en los hogares de todo el país, llevaría a ahorros cercanos a los 150.000 pesos mensuales, porque el costo del gas está sobrevaluado en un 150% como consecuencia de esta forma de costearlo vigente por ley desde 1992; la luz, en un 150%; mientras que las naftas también están en un 150%, pero el diésel oil o gasoil en el orden del 111%, porque se produce solo el 30% de lo que se consume y debe importarse el 70% restante, lo que genera un prorrateo. Pero aun así esto llevaría a una baja generalizada de precios de productos al reducirse los costos indirectos de la producción, haciendo más competitiva a la industria nacional frente a otros países.

Para el punto 2 queda demostrado que no venían a eliminar a la casta, sino a convertirse en la casta, como quedó explicitado con los viajes en aviones privados del actual jefe de Gabinete en el mes de febrero y por haber subido a su mujer al avión presidencial ARG-01 para el traslado a Nueva York, ocupando una plaza que podía haber utilizado cualquier gobernador que iba al Argentina Week, pero incluyendo todos los servicios de a bordo y estadía en Estados Unidos. Por lo tanto, su costo no es marginal. Pero eso se puede contemplar en quien no sabe la diferencia entre el costo marginal de producir una unidad por sobre el nivel de producción utilizando los mismos costos primos y generar un costo cercano al 50% adicional por incluir otro pasajero en una comitiva con todos los beneficios del resto, que solamente no cobra los 95.000 pesos diarios en concepto de viáticos.

Incluso, sus aclaraciones quedaron desdibujadas cuando se mostró la Declaración Jurada Patrimonial 2024 —la última presentada obligatoriamente—, que es la Rectificativa 1. Aclaremos que esa declaración jurada no surge de una presentación exclusiva para la Oficina Anticorrupción, sino que el sistema de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) la realiza con los datos de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas oportunamente y en término.