15/03/2026 - Edición Nº1132

Política

Inteligencia estatal

Milei y el Plan de Inteligencia: ¿qué se oculta en el nuevo documento?

15/03/2026 | El Ejecutivo envió al Congreso una versión corregida del documento tras los cuestionamientos por espionaje interno. Persisten dudas sobre qué texto está actualmente vigente.



El gobierno de Javier Milei modificó los puntos más cuestionados del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y remitió una nueva versión al Congreso tras las críticas que había despertado el documento original por el riesgo de espionaje interno.

El plan inicial, de unas 170 páginas y elaborado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), había generado fuerte polémica porque contemplaba la posibilidad de analizar a opositores políticos, economistas, periodistas y movimientos sociales acusados de “erosionar” la confianza pública.

Ese contenido fue observado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que emitió un dictamen crítico y advirtió sobre la posibilidad de que el plan habilitara tareas de vigilancia interna incompatibles con los límites fijados por la legislación vigente.

Tras esas objeciones, la SIDE reformuló distintos pasajes del documento. Entre los cambios más relevantes se eliminaron o modificaron referencias a “actores” que pudieran afectar la “percepción” o los “procesos cognitivos” de la opinión pública, categorías que habían despertado preocupación por su amplitud y ambigüedad. 

Cambios y dudas en el Congreso

Fuentes vinculadas a la negociación señalaron que las correcciones fueron enviadas después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Sergio Neiffert de la SIDE. El objetivo habría sido adecuar el plan a los límites establecidos por la Ley de Inteligencia Nacional y desactivar las críticas por posible espionaje interno.

Sin embargo, el debate continúa abierto en el Congreso. Legisladores de distintos bloques mantienen cuestionamientos al Decreto 941/2025, mediante el cual el Ejecutivo amplió las facultades de la SIDE para realizar cruces masivos de datos personales y detenciones sin control judicial previo.

La situación se complejiza además porque la renovación parlamentaria dejó en suspenso el funcionamiento pleno de la comisión bicameral encargada de supervisar el sistema de inteligencia.

En ese contexto, todavía persisten dudas sobre qué versión del plan está efectivamente vigente: si el texto original que generó la controversia o el documento corregido que el Poder Ejecutivo asegura haber puesto en marcha.