Este martes comenzará la ronda de declaraciones indagatorias en la causa conocida como “Cuadernos”, uno de los expedientes judiciales más resonantes de la política argentina reciente.
Entre los imputados convocados figura la ex presidenta, Cristina Kirchner. En ese contexto, vuelve a tomar relevancia la primera reacción judicial que tuvo la ex mandataria cuando estalló el caso, apenas doce días después de que el escándalo se hiciera público el 1 de agosto de 2018.
El 13 de agosto de ese año, la entonces senadora presentó un escrito ante el juzgado federal que llevaba la investigación, encabezado por Claudio Bonadio, en el que rechazó las acusaciones y denunció una persecución judicial.

La causa conocida como “Cuadernos” comenzó a investigarse a partir de unas anotaciones atribuidas a Oscar Centeno, ex chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación durante los gobiernos kirchneristas.
Según la hipótesis judicial impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio, en esos cuadernos se registraban supuestos recorridos para la recolección y entrega de dinero de empresarios a funcionarios, en lo que la investigación describió como un sistema de recaudación ilegal vinculado con la obra pública.
El material llegó a la Justicia tras ser difundido por el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, quien obtuvo copias de los cuadernos. A partir de allí se ordenaron decenas de allanamientos y detenciones, además de declaraciones de empresarios que se acogieron a la figura del “arrepentido”.
La causa se convirtió rápidamente en uno de los expedientes judiciales más amplios por presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Doce días después de que estallara el caso, Cristina Kirchner presentó un escrito en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11.
En ese documento, la ex presidenta no respondió directamente a las acusaciones, sino que planteó una excepción de previo pronunciamiento por litispendencia, es decir, sostuvo que los hechos investigados ya estaban siendo analizados en otras causas judiciales previas.
En su presentación sostuvo que, una vez resuelto ese planteo, daría una respuesta puntual a las imputaciones: “Una vez que se encuentre resuelta la presente excepción, así como también los planteos articulados por mi defensa, habré de dar una respuesta puntual a los cargos que se me efectúan, los cuales desde ya niego de manera terminante”.
La ex mandataria pidió que el expediente se remitiera al Juzgado Federal Nº 10, donde tramitaba desde 2008 una causa que consideró la “causa madre” de las investigaciones sobre obra pública.
- A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional.
- Aunque parezca mentira, se pretendió judicializar hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante los gobiernos que tuve el honor de presidir, el manejo acordado a las relaciones internacionales de la Argentina con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública fijados, como establece la Constitución Nacional, por las leyes de presupuesto votadas anualmente por el Congreso de la Nación.
- Para que la maniobra persecutoria fuese eficaz y rinda sus efectos ante la opinión pública, en todos los casos se ha conectado a tales actos de naturaleza política con maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros presuntos hechos de corrupción en los cuales, para infringirme un mayor daño, fueron imputados mis hijos y otros miembros cercanos de mi familia.
- Todo ello, bajo la cobertura de un gigantesco aparato de propaganda montado por los medios de comunicación hegemónicos cuyos intereses mezquinos habían sido puestos en riesgo a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fuera impulsada y sancionada durante mi administración.
- Desde que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015.
- A partir del 1º de agosto del corriente año, los argentinos nos enteramos de la existencia de una nueva causa penal en la que eran detenidas decenas de personas y se realizaban una multiplicidad de allanamientos. Estas medidas, pese a haberse ordenado el secreto de las actuaciones, eran divulgadas en tiempo real por los medios de comunicación.
- Cabot habría armado un pequeño grupo de tareas con dos alumnos de la carrera de periodismo para analizar el supuesto material y volcarlo en un informe.
- La caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta.
- Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente de la Nación, quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita.
- Resulta inconcebible que Bonadío, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior.
- Pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa.
- Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio.
- Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano.
- A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política.
- Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80.
- Es imprescindible que se analice el manejo de la obra pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el PRO viene gobernando desde hace más de una década.
- Lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda.