A días del 24 de marzo, la propuesta que divide al Congreso argentino

El bloque de Unión por la Patria presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para expresar el repudio del Congreso ante posibles beneficios o medidas que favorezcan a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). La iniciativa fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado Nicolás Trotta.

El proyecto propone que el Parlamento reafirme “su compromiso inquebrantable con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y advierte sobre el riesgo de retrocesos en materia de derechos humanos si prosperan iniciativas orientadas a otorgar beneficios o alivios judiciales a represores condenados. La presentación se produce en un contexto de fuerte debate político y a pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fecha emblemática en la agenda de derechos humanos en la Argentina. 

Desde Unión por la Patria remarcaron que el objetivo del proyecto es ratificar la posición histórica del Estado argentino en materia de juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y reforzar el respaldo institucional a los procesos judiciales que investigan esas violaciones a los derechos humanos.

Cuatro décadas de política pendular

Desde el retorno de la democracia en 1983, la Argentina inició un proceso inédito de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Ese camino tuvo su primer hito en el Juicio a las Juntas de 1985, cuando los principales comandantes de la última dictadura militar fueron llevados a juicio y varios de ellos condenados por graves violaciones a los derechos humanos.  El proceso pudo concluir, pero durante y después del juicio, el gobierno enfrentó fuertes presiones militares y derivó luego en la sanción de las leyes de Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida, que limitaron las investigaciones contra otros responsables de la represión ilegal.

Durante la presidencia de Carlos Menem el panorama cambió nuevamente con la firma de una serie de indultos presidenciales que beneficiaron tanto a militares condenados como a algunos dirigentes guerrilleros, bajo el argumento de cerrar las heridas del pasado. Esa decisión generó un profundo rechazo de organismos de derechos humanos, que continuaron impulsando denuncias y estrategias judiciales para mantener abiertas las investigaciones.

A fines de los años noventa comenzó a gestarse un nuevo escenario judicial. A partir de causas vinculadas al robo de bebés durante la dictadura y de procesos abiertos en tribunales internacionales, se reactivó la presión para reabrir los juicios. Ese proceso se consolidó en los años 2000, cuando el Congreso declaró la nulidad de las leyes de impunidad y la Corte Suprema terminó convalidando su inconstitucionalidad, lo que permitió reanudar los procesos penales contra represores.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner se produjo un fuerte impulso político a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En 2004 el mandatario ordenó descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar –exdirectores de la institución castrense- y pronunció una frase que se volvería emblemática: “no les tengo miedo”. En ese período se aceleraron los juicios por delitos de lesa humanidad y comenzaron a dictarse numerosas condenas contra militares, policías y civiles que habían participado del aparato represivo.

Ese proceso continuó durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se multiplicaron los procesos judiciales y se consolidó el sistema de juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Paralelamente, el trabajo de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo permitió avanzar en la recuperación de nietos apropiados, es decir, hijos de desaparecidos que habían sido sustraídos y criados con identidades falsas durante el régimen militar.

Durante el gobierno de Mauricio Macri el tema volvió a instalarse en el debate político a partir de cuestionamientos de algunos sectores oficialistas que denunciaban lo que denominaron el “curro de los derechos humanos”, una expresión que generó fuertes críticas de organismos y referentes del movimiento de derechos humanos.

En los últimos años el debate volvió a intensificarse con la aparición de discursos revisionistas del terrorismo de Estado. Entre ellos se destacan las posiciones de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, qu

Hoy rindo homenaje a todas las víctimas de terrorismo, en la Argentina y en el mundo.

Personas comunes, ciudadanos inocentes, familias enteras que vieron sus vidas truncadas por el accionar criminal de organizaciones armadas que eligieron el camino del odio, la violencia y el… pic.twitter.com/QZf50hw4HQ

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 21, 2025

ien se hizo conocida por su cuestionamiento a la narrativa histórica construida alrededor de los crímenes de la dictadura y promovió una mirada que pone el foco en las víctimas de la violencia guerrillera. Ese posicionamiento que la vice llama "memoria completa" reabrió una discusión pública sobre la memoria histórica y el alcance de las políticas de derechos humanos desarrolladas en la Argentina desde la recuperación democrática.

Fui el primer escritor que negó el mito de los 30 mil desaparecidos, con 28 años, sin dinero, ni experiencia y dando Batalla Cultural con mi libro La Otra Parte de la Verdad. Padecí el insulto masivo. Hoy vemos que hasta Alfonsín reconoció tal cosa: VALIÓ LA PENA DAR EL COMBATE!! pic.twitter.com/TCjiOLtleg

— Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) February 8, 2026

Un poco más a fondo va la postura del abogado y escritor Nicolás Márquez, que desde los inicios de su vida pública reivindicó lo sucedido en la década del 70 como una guerra civil, en la que a los integrantes de organizaciones guerrilleras –de acuerdo a su versión- los alcanza un alto grado de responsabilidad histórica por lo que pasó. El marplatense escribió varios libros, dio un sinfín de conferencias y dedicó su canal de You Tube a difundir su visión de la historia, compartida por buena parte de los votantes libertarios. También es conocido por sostener que los desaparecidos durante la dictadura no son 30.000 y que la represión comenzó antes del 24 de marzo de 1976.