El gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como parte de la estrategia oficial para reducir la planta de trabajadores del Estado.
La iniciativa fue oficializada a través de la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, y establece un régimen denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), que habilita la extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo entre el organismo y el trabajador.
El programa está dirigido a empleados con al menos dos años de antigüedad en el organismo. La implementación quedará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES, que deberá coordinar la firma de los acuerdos de desvinculación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
Según la normativa, la adhesión al programa es voluntaria y su aprobación quedará sujeta a la evaluación del organismo. Además, se establecieron exclusiones para determinados casos.
No podrán acceder al plan quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los agentes sometidos a procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado su renuncia, ni aquellos que superen los 62 años.
También quedan afuera los trabajadores que mantengan litigios laborales contra el organismo, salvo que desistan formalmente de esas acciones judiciales.
El esquema contempla una gratificación extraordinaria equivalente al 90% del salario por cada año de antigüedad, calculada sobre los haberes brutos habituales, con un tope máximo de 24 sueldos.
El pago se realizará en una única cuota hasta un máximo de 80 millones de pesos. Si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.
Quienes acepten el retiro deberán firmar la extinción definitiva del vínculo laboral y no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años, bajo ninguna modalidad contractual.
El plazo para adherirse al programa vence el 5 de abril, aunque en casos de licencias por maternidad o vacaciones la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de ese período.
La iniciativa se inscribe dentro del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno, que prevé nuevos recortes en organismos públicos durante el primer trimestre del año.
Según estimaciones oficiales, el 21 de marzo podría marcar una nueva etapa de ese proceso, con la posible eliminación de alrededor de 5.000 cargos dentro de la administración pública nacional.