El diputado provincial Emiliano Peralta, integrante del bloque Somos Vida y Libertad que lidera Amalia Granata en la Cámara de Diputados de Santa Fe, presentó un proyecto de ley que busca regular el uso del denominado “lenguaje inclusivo” en el ámbito educativo y en las comunicaciones oficiales del Estado provincial.
La iniciativa propone prohibir determinadas formas de escritura y expresión que, según argumenta el legislador, no se ajustan a las reglas del idioma español reconocidas por la Real Academia Española (RAE).
El texto también establece sanciones para el personal estatal que incumpla la normativa y prevé la revisión del material educativo utilizado en las escuelas.
El proyecto establece la prohibición del uso del llamado lenguaje inclusivo en todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados, y en todos los niveles y modalidades.
En concreto, se prohíbe:
La prohibición abarcaría tanto las expresiones escritas como orales de directivos, docentes, personal no docente y también de los alumnos dentro del ámbito escolar.
Además, el texto indica que se deberá retirar de circulación, en un plazo de 90 días desde la eventual sanción de la ley, cualquier material educativo que utilice esas formas lingüísticas.
El proyecto también extiende la regulación al funcionamiento del Estado provincial. En ese sentido, establece que ministerios, secretarías, organismos del Poder Ejecutivo, así como dependencias del Poder Legislativo y del Poder Judicial, no podrán utilizar lenguaje inclusivo en documentos oficiales.
La restricción incluye decretos, reglamentaciones, comunicaciones administrativas, sentencias judiciales, leyes y cualquier tipo de documentación emanada de los organismos públicos.
En caso de incumplimiento, el texto prevé que la conducta sea considerada una falta leve dentro del régimen disciplinario correspondiente a cada ámbito estatal.

La iniciativa distingue entre el lenguaje inclusivo y el uso del desdoblamiento de género, como expresiones del tipo “todos y todas”.
En este caso, el proyecto no plantea una prohibición formal, pero sí recomienda evitar esa práctica dentro de los ámbitos alcanzados por la norma.
Según la fundamentación del diputado, este tipo de construcciones “resulta forzado, poco fluido y atenta contra la economía del lenguaje”, además de dificultar la lectura y comprensión de los textos cuando se utiliza de manera reiterada.

El legislador plantea que el denominado lenguaje inclusivo implica “deformaciones del lenguaje” al reemplazar las vocales que indican género por letras o símbolos que no forman parte del sistema lingüístico tradicional.
También cuestiona la idea de que el idioma español sea intrínsecamente sexista. Según el texto del proyecto, el masculino genérico cumple una función inclusiva dentro de la estructura del idioma.
En ese marco, se afirma que el problema del sexismo no reside en la lengua en sí misma, sino en el uso que hacen de ella los hablantes.
Para ello, menciona el caso de países donde se hablan idiomas sin distinción de género o con estructuras no binarias. Como ejemplo cita el farsi, una lengua hablada en Afganistán y en otros países de Asia central, que no marca género gramatical en muchas de sus formas.
Según el texto del proyecto, la existencia de un idioma de esas características no se traduce necesariamente en sociedades más igualitarias. Como contrapunto, se mencionan algunas de las restricciones que sufren las mujeres en Afganistán, como la obligación de circular acompañadas por un familiar varón, el uso obligatorio del burka o la prohibición de que su voz sea escuchada por extraños en espacios públicos.

Uno de los ejes centrales de la fundamentación se refiere al impacto que, según el autor del proyecto, puede tener el uso del lenguaje inclusivo en el aprendizaje escolar.
El diputado sostiene que la utilización de símbolos como “@” o “x” puede generar dificultades en los procesos de alfabetización, especialmente en los niveles iniciales, donde los estudiantes deben asociar letras con sonidos.
También advierte que esas formas no están reconocidas en el diccionario ni forman parte del uso cotidiano del idioma, lo que —según el proyecto— podría complicar el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Por otra parte, el legislador sostiene que, si el objetivo es promover la inclusión, deberían priorizarse herramientas que permitan la comunicación de personas con discapacidad, como el braille o la lengua de señas.