Por recomposición salarial
17/03/2026 - Edición Nº1134
Economía
Recorte en educación pública
Paro universitario: qué hay detrás del fuerte recorte que denuncian docentes
17/03/2026 | El presupuesto perdió más de 40% desde 2023 y el conflicto se agrava por la caída del salario real
El conflicto por el financiamiento universitario vuelve a escalar. Este martes comenzó un paro nacional en universidades públicas en medio del reclamo por el recorte presupuestario y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.
El origen de la disputa está en la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla el 10 de septiembre. El Congreso insistió con la ley y el 2 de octubre ambas cámaras ratificaron su aprobación, por lo que quedó definitivamente sancionada.
Sin embargo, el 21 de octubre el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación, argumentando que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento.
La decisión fue judicializada y el 23 de diciembre de 2025 la Justicia declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado cumplir con la ley.
Pese a ese fallo, 136 días después de su sanción la norma todavía no fue implementada y el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificarla.
El ajuste en el presupuesto universitario
Según los datos del informe que circula entre las universidades, el presupuesto universitario sufrió un fuerte ajuste en los últimos años.
Entre 2023 y 2025 cayó 28,7% en términos reales, mientras que si se considera el presupuesto vigente para 2026 la reducción alcanza el 45,6% respecto de 2023, de acuerdo al informe publicado por el CEPA
De haberse aplicado la ley sancionada por el Congreso, el presupuesto universitario habría crecido 35,1% frente a 2025, quedando apenas 3,6% por debajo de los niveles de 2023.
Informe del CEPA
En cambio, el proyecto impulsado por el Gobierno implicaría una caída de 14,2% respecto de 2025 y de 38,8% frente a 2023, dejando al sistema con un presupuesto 36,5% menor al que establecía la ley aprobada por el Congreso.
El impacto en los salarios
Uno de los puntos más críticos del conflicto es el deterioro salarial.
En promedio, los salarios representan el 86,9% del gasto total universitario, mientras que los gastos de funcionamiento explican apenas el 13,1% restante.
Entre 2023 y 2026, el grueso del ajuste recayó sobre el personal docente y no docente: los salarios se redujeron 43,2% en términos reales.
Los datos muestran además que desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 el salario real cayó 34%.
Salarios por debajo de la pobreza
El deterioro salarial también impacta en las condiciones de vida del personal universitario.
Según el informe del CEPA, en enero de 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza.
Informe CEPA
El resto de los trabajadores no docentes percibe ingresos por debajo de la canasta básica total. Si se toma como referencia la línea de indigencia, la situación es aún más crítica: la mayoría de los cargos docentes, especialmente los de dedicación simple, se ubican por debajo de ese umbral.
Qué propone el Gobierno
El proyecto oficial enviado al Congreso plantea cambios tanto en los salarios como en el financiamiento universitario.
En materia salarial propone tres aumentos del 4,1% en marzo, junio y septiembre, lo que totaliza 12,3% en el año.
Sin embargo, con una inflación proyectada de 20,3% hasta septiembre de 2026, ese esquema implicaría una nueva caída del salario real cercana al 3,4%.
Además, el incremento ignora la pérdida acumulada desde 2023 que buscaba recomponer la ley aprobada por el Congreso.
Una década de deterioro salarial
El deterioro del salario universitario también se refleja en la evolución de los ingresos en los últimos años.
Un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi exclusivo sin antigüedad, por ejemplo, pasó de cobrar el equivalente a $1.154.094 en noviembre de 2015 a $570.470 en enero de 2026, medido en pesos de septiembre de 2026.
Esto implica una caída real de 50,6% en una década.De haberse aplicado la ley de financiamiento universitario, el salario habría ascendido a $852.229, reduciendo significativamente esa pérdida.
En cambio, con el proyecto oficial, el ingreso proyectado para septiembre de 2026 sería $547.748, profundizando la caída del poder adquisitivo.
