Bettina Angeletti bajo lupa: ¿qué esconden los contratos triangulados?

La interna libertaria sumó un capítulo más delicado: ya no se trata solo de críticas políticas, sino de una denuncia penal que apunta directamente al corazón del Gobierno. Marcela Pagano, diputada nacional, acusó a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, de integrar un esquema de triangulación de contratos entre empresas del Estado y la consultora de su esposa, lo que abre un frente judicial con impacto político inmediato.

Según la presentación, la firma “+Be”, vinculada a Bettina Angeletti, habría sido contratada indirectamente por compañías con fuerte presencia en el sector público, como YPF, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la agencia recaudadora ARCA. El mecanismo señalado implica que firmas privadas con contratos estatales subcontratarían a la consultora, configurando —según la denuncia— un posible conflicto de intereses en un funcionario con poder de decisión sobre esos organismos.

El dato político no es menor: no es la oposición quien impulsa la acusación, sino una dirigente que llegó al Congreso de la mano del propio oficialismo y hoy se ubica en sus márgenes. Esa dinámica vuelve más costosa la crisis, porque expone fisuras internas y rompe el blindaje discursivo. Cuando las denuncias salen desde adentro, el margen para desestimarlas como “operaciones” se reduce.

Además, el caso golpea en un punto sensible del relato libertario. La comparación que hace Pagano con esquemas investigados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” no es solo judicial, es política: busca equiparar prácticas que el propio espacio construyó como símbolo de la “casta”. Si esa asociación prende en la opinión pública, el oficialismo enfrenta un problema estructural, no coyuntural.

El trasfondo es un reordenamiento de poder dentro del Gobierno. Con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, consolidando su centralidad y un círculo cada vez más cerrado en la toma de decisiones, las tensiones con sectores desplazados empiezan a emerger en forma de denuncias y críticas públicas. En ese escenario, el caso Adorni no es un hecho aislado: es un síntoma de una interna que, si se profundiza, puede traducirse en costo político directo para Javier Milei, presidente de la Nación, en uno de los terrenos donde más apostó: la credibilidad.