La AFA, bajo la lupa: el Gobierno nombró veedores para una auditoría de 180 días

El Gobierno nacional formalizó la designación de veedores sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y activó una auditoría que se extenderá por 180 días hábiles, en una decisión que vuelve a colocar al fútbol en el centro de una disputa institucional con derivaciones políticas y económicas.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que viene señalando presuntas irregularidades en la documentación contable y administrativa de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Quiénes son los veedores y qué van a revisar

Los funcionarios designados para la tarea son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos tendrán acceso a libros contables, documentación administrativa, registros financieros y contratos suscriptos por la AFA.

Su misión será examinar el funcionamiento interno de la entidad y elaborar un informe sobre distintos aspectos sensibles de su estructura. Entre ellos aparecen los balances cerrados al 30 de junio de 2025, las operaciones con empresas privadas y la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), uno de los puntos que también quedó bajo observación.

La auditoría no implica, al menos por ahora, el desplazamiento de las actuales autoridades. Se trata de una intervención en grado de veeduría, una herramienta más acotada, aunque con capacidad para abrir la puerta a medidas de mayor profundidad si se detectan inconsistencias graves.

El origen del conflicto

La avanzada oficial comenzó a tomar forma a fines de febrero, cuando la IGJ pidió formalmente la designación de veedores tras detectar lo que definió como “graves irregularidades” en la asociación civil.

Según el planteo del organismo, la AFA no respondió en tiempo y forma a requerimientos vinculados con sus estados contables y tampoco entregó documentación respaldatoria suficiente para evaluar el manejo de fondos y operaciones relevantes.

El punto no es menor. En los últimos años, la AFA incrementó sus ingresos de manera significativa, en especial tras el Mundial de Qatar, impulsada por premios, sponsoreos, derechos audiovisuales y contratos comerciales. Para la IGJ, ese crecimiento debía estar acompañado por mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Balances, contratos y negocios en revisión

Uno de los focos principales de la auditoría estará puesto en la trazabilidad del dinero y en el vínculo de la AFA con firmas privadas e intermediarios.

La lupa se posará sobre contratos, acuerdos comerciales y movimientos financieros. La intención es reconstruir cómo se generan, administran y eventualmente se derivan los recursos de una de las estructuras más poderosas del deporte argentino.

También será analizado el armado de la Universidad de la AFA, un proyecto con proyección institucional propia que ahora deberá mostrar en detalle cómo fue su constitución, qué fondos utilizó y qué convenios firmó.

La pelea de fondo: quién controla a la AFA

Detrás de la auditoría aparece además una discusión clave sobre la jurisdicción de control.

La conducción de la AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, por lo que la supervisión debería quedar en manos de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La IGJ, en cambio, rechaza esa interpretación y afirma que la sede real de la entidad continúa en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.

La discusión excede lo formal. De esa definición depende quién tiene capacidad concreta para fiscalizar a la principal entidad del fútbol argentino, en una trama donde también asoman tensiones políticas entre Nación y Provincia.

El rol de Mahiques y el mensaje político

La resolución fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que resolvió avanzar con la veeduría al inicio de su gestión. Aunque buscó despegar la medida de una lectura de confrontación, el paso dado por el Gobierno tiene inevitable impacto político.

El fútbol argentino no es solo una estructura deportiva: es también un espacio de enorme peso económico, simbólico y territorial. Por eso, cualquier intento de control sobre la AFA repercute mucho más allá de los escritorios contables.

Qué puede pasar ahora

Durante los próximos 180 días hábiles, los veedores deberán revisar la documentación y emitir informes sobre el estado administrativo y financiero de la entidad. Si detectan situaciones urgentes, podrán elevar reportes parciales antes del informe final.

A partir de esas conclusiones, la IGJ y el Ministerio de Justicia podrían avanzar con nuevas intimaciones, sanciones administrativas o incluso medidas judiciales. Del otro lado, la AFA también podría optar por impugnar la decisión y llevar la disputa a tribunales.

Así, la veeduría abre una nueva etapa en la relación entre el Estado y la casa madre del fútbol argentino. Y pone bajo observación no solo los papeles de la gestión, sino también el entramado de poder que rodea a la conducción de Tapia.