El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 30 dispuso este martes la suspensión de los efectos del acuerdo de transferencia de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La medida cautelar, firmada por el juez Herman Mendel, frena la aplicación de los artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 79 de la Ley 27.802, conocida como la "Ley de Modernización Laboral".
La resolución judicial detiene temporalmente la disolución de 30 juzgados nacionales vacantes y la redistribución de competencias hacia la órbita porteña. Esta decisión surge tras una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), gremio conducido por Julio Piumato, alegando vicios en el procedimiento legislativo y riesgos para la estabilidad laboral
El fallo ordena la suspensión total del traspaso de 732.730 juicios laborales activos y preserva la estabilidad de 1.530 agentes judiciales, manteniendo las causas bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Nación hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El magistrado consideró que el procedimiento adoptado por el Estado Nacional no fue compatible con el mecanismo establecido en el artículo 12 de la Ley 24.588, denominada "Ley Cafiero". Según la resolución, se omitió la "imperativa intervención de la Comisión Bicameral" encargada de supervisar los procesos de coordinación entre la Nación y la Ciudad.
Además, el fallo analiza los cuestionamientos de la UEJN sobre la competencia del Congreso de la Nación para tratar este tema en sesiones extraordinarias. El gremio argumentó que el traspaso no formaba parte del temario original enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación el 11 de diciembre de 2025, lo que vulneraría el principio de legalidad parlamentaria.

La medida cautelar protege, de forma provisoria, las actuales condiciones laborales de los agentes del fuero. El sindicato judicial advirtió que el traspaso pretendido incurría en una "regresividad normativa" que afectaba derechos adquiridos, tales como:
Tanto la administración de Javier Milei como el gobierno porteño de Jorge Macri sostienen que el objetivo es reordenar el sistema judicial. En términos políticos, ambos gobiernos consideran que la actual justicia del trabajo es cercana a posiciones gremiales y dicta resoluciones que impactan negativamente en el sector privado.
Con el traspaso, el Ejecutivo busca crear un ámbito judicial "más amigable" con las empresas. Según fuentes oficiales, desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en causas laborales, se revocaron criterios previos sobre indemnizaciones y accidentes de trabajo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) apeló este lunes el fallo del juez Enrique Lavié Pico, quien había rechazado suspender los artículos del traspaso. El magistrado del fuero contencioso administrativo federal no aceptó la cautelar al considerar que suspender la ley implicaría "adelantar opinión" sobre la cuestión de fondo.

Ante esta negativa, la central obrera recurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Los abogados de la CGT sostuvieron que, si no se suspende la norma, la sentencia definitiva podría llegar tarde, "cuando ya se hubieren cerrado juzgados y redistribuido causas".
El freno al traspaso judicial constituye el tercer revés contra la reforma impulsada por el Gobierno. Recientemente, tribunales de Córdoba y La Plata declararon inconstitucionales artículos referidos a la actualización de créditos laborales en juicios activos, por considerar que afectaban derechos fundamentales.
Asimismo, el juez Herman Mendel ya había intervenido previamente en otros conflictos, suspendiendo sumarios contra trabajadores del Hospital Garrahan que protestaron por descuentos aplicados por el Ejecutivo. En tanto, la justicia contencioso administrativa sigue analizando el informe que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, debe presentar sobre la demanda de la CGT
La normativa aprobada por el Congreso e impulsada por el Ejecutivo incorpora modificaciones profundas en la relación de empleo. Entre los puntos principales figuran:
TM