Cárceles de PBA: los 5 proyectos para prohibir celulares y cuál es el más duro

17/03/2026 | Cinco bloques opositores el bloqueo de señal y el retiro de 50.000 teléfonos en los penales bonaerenses.

El debate legislativo busca anular el permiso de 2020 que habilitó el uso de móviles en penales.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires analiza un giro drástico en la política penitenciaria. Tras seis años de vigencia de un protocolo de emergencia, existe un consenso transversal para prohibir el ingreso, tenencia y uso de dispositivos móviles en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. La medida busca desmantelar lo que diversos legisladores denominan "call centers del delito".

Actualmente, el sistema bonaerense convive con una anomalía normativa: existen miles de líneas registradas oficialmente que permiten a los internos comunicarse sin monitoreo directo. La presión judicial, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, y la conmoción por delitos organizados desde el encierro aceleraron el tratamiento de las iniciativas.

Actualmente existen 48.693 dispositivos registrados legalmente que permiten a los internos acceso irrestricto a redes sociales y aplicaciones, una herramienta que la justicia califica como esencial para la continuidad de empresas criminales.

¿Qué propone el bloque HECHOS para el bloqueo de señal?

El proyecto presentado por los bloques de diputados y senadores de HECHOS, presentado este martes, busca restablecer el orden jurídico derogando toda normativa excepcional de la pandemia. Propone que las comunicaciones se realicen exclusivamente por medios oficiales controlados, como líneas institucionales o sistemas supervisados.

Su principal diferencial es el carácter progresivo de la tecnología: exige la instalación de sistemas de inhibición, bloqueo o detección de señales que no afecten las comunicaciones de emergencia de las autoridades. Considera la tenencia de un móvil como una "falta grave", sin perjuicio de las responsabilidades penales adicionales.

¿En qué consiste la "Ley Rodrigo" de La Libertad Avanza?

Proyecto de ley en homenaje al soldado víctima de extorsión telefónica.

Rodrigo Gómez, el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos después de ser víctima de una extorsión telefónica desde la cárcel.

El diputado Oscar Liberman encabeza la iniciativa titulada "Ley Rodrigo", en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras ser víctima de una extorsión telefónica desde la cárcel de Magdalena. Es, técnicamente, el proyecto más duro en cuanto a ejecución inmediata.

Oscar Liberman presentó un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses.

Oscar Liberman, el diputado de La Libertad Avanza que presentó la "Ley Rodrigo" para prohibir los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Establece un plazo de 24 horas para que los internos cedan sus dispositivos una vez notificados. Los teléfonos no registrados deberán ser "destruidos en un acto público ante un escribano". Además, limita las comunicaciones a un máximo de dos horas diarias y solo con un listado de 5 personas autorizadas previamente.

¿Cuál es la postura del Frente Renovador y Malena Galmarini?

La senadora Malena Galmarini sostiene que el sistema penitenciario no puede seguir siendo "una oficina desde donde se cometen delitos". Su propuesta, enmarcada en el bloque Fuerza Patria, coincide en la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los pabellones.

Malena Galmarini presentó un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses.

Malena Galmarini, senadora del Frente Renovador, busca instalar inhibidores de señales en las cárceles de PBA.

El plan massista otorga un plazo máximo de 180 días para que el Ministerio de Justicia instale la tecnología de bloqueo. Busca proteger específicamente a las víctimas de extorsiones que simulan secuestros o violencia contra sus familias, asegurando que el Estado debe estar del lado de los estafados.

¿Qué buscan los proyectos del PRO y la UCR?

El senador del PRO, Alex Campbell, denunció que desde las celdas se continúan realizando actividades públicas como transmisiones en vivo y videos para redes sociales. Su proyecto exige controles periódicos no solo en los pabellones, sino también sobre el personal penitenciario para evitar el contrabando de dispositivos.

Alex Campbell presentó un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses.

Alex Campbell, senador del PRO, busca que los controles sobre el uso del celular se realicen también sobre el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Por su parte, la diputada Nazarena Mesías, de Somos-UCR, fue una de las primeras en alertar sobre el aumento de estafas virtuales. Su iniciativa prohíbe específicamente el uso de aplicaciones de mensajería informática y propone modificar la Ley 12.256 para asegurar que el derecho a la comunicación no sea un vehículo para el delito.

¿Cuántos presos usan celulares y cuándo empezó esta medida?

El uso de telefonía móvil dentro de las prisiones bonaerenses se autorizó formalmente en marzo de 2020. Fue una respuesta excepcional del Poder Ejecutivo ante la suspensión de las visitas presenciales por la pandemia de COVID-19, buscando que los internos no perdieran el contacto con sus allegados.

Los presos empezaron a usar celulares en las cárceles bonaerenses en 2020.

De acuerdo con registros del Servicio Penitenciario Bonaerense, actualmente hay 48.693 dispositivos legales registrados. A esta cifra se suman los aparatos que ingresan de forma clandestina; solo en 2025, se secuestraron 1.525 celulares ilegales en requisas de rutina y por orden judicial.

¿Qué chances tienen de aprobarse según la composición de la Legislatura?

El escenario político actual favorece un avance rápido de estas iniciativas. Fuerza Patria (peronismo) cuenta con 39 bancas en la Cámara de Diputados y logró el quórum propio en el Senado con 24 escaños tras las elecciones de 2025. Por su parte, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se consolidó como la segunda fuerza con 30 diputados y 16 senadores.

Pese a que sectores del oficialismo provincial mostraron reticencias por el temor a motines, el consenso entre el massismo, los libertarios y el bloque Hechos garantiza una mayoría suficiente para la aprobación. Se presume que el tema tendrá un "pronto tratamiento" debido a la presión social por los últimos casos de extorsión, pudiendo debatirse en el recinto antes de finalizar el primer semestre de 2026.