La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate para endurecer las penas por homicidios viales, en una discusión que trasciende lo estrictamente legislativo y se inscribe en una demanda social sostenida durante años por familiares de víctimas.
En ese marco, la exposición de Viviam Perrone, referente de Madres del Dolor, no será un dato más del temario: representa una de las voces más persistentes en la lucha por transformar el dolor en cambios concretos dentro del sistema judicial.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde septiembre de 2025, busca elevar las penas y limitar las excarcelaciones en casos de muertes por conducción imprudente, una de las principales críticas que históricamente impulsaron estas organizaciones.
La figura de Perrone sintetiza el recorrido de muchas de estas luchas. Tras la muerte de su hijo Kevin en un siniestro vial en 2002, se convirtió en una de las principales impulsoras de reformas legales para endurecer sanciones y visibilizar lo que consideran una “epidemia silenciosa”.
Desde Madres del Dolor, Perrone viene sosteniendo un reclamo estructural: que la Justicia deje de considerar estos hechos como “accidentes” y avance hacia una mirada que reconozca la responsabilidad penal de quienes conducen de manera imprudente.
En distintas intervenciones públicas, ha insistido en que “no son accidentes, son hechos evitables”, una definición que busca cambiar no solo el marco legal, sino también el enfoque cultural sobre la seguridad vial.
El proyecto en discusión incorpora varios de los puntos que estas organizaciones vienen exigiendo desde hace más de una década:
Además, se incorporan agravantes vinculados a conductas de alto riesgo, como el consumo de alcohol o medicamentos, el uso del celular al volante, el exceso de velocidad o la falta de licencia.
Para Madres del Dolor, estos cambios apuntan a corregir una de las principales falencias del sistema: la baja proporcionalidad entre el daño causado y las penas efectivamente aplicadas.
Uno de los ejes centrales del planteo de Perrone es la sensación de impunidad que, según denuncian, atraviesa muchos de estos casos. La posibilidad de penas excarcelables, sumada a procesos judiciales extensos, ha sido históricamente cuestionada por las familias.
En ese sentido, el aumento del mínimo de la pena tiene un impacto concreto: dificulta que los responsables eviten la prisión efectiva, un punto clave en el reclamo de las víctimas.
Pero el planteo va más allá de lo punitivo. También apunta a generar un efecto disuasivo que modifique conductas y reduzca la cantidad de muertes en el tránsito.
La presencia de organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas en el Congreso refleja un proceso más amplio: la transformación de tragedias individuales en una agenda pública sostenida.
Durante años, estos colectivos lograron instalar el tema en el debate político, incidir en reformas legislativas y construir un marco de conciencia social sobre la gravedad de los siniestros viales.
El tratamiento de esta ley en Diputados aparece así como un nuevo capítulo de esa lucha, en el que el testimonio de las víctimas vuelve a ocupar un lugar central para empujar cambios estructurales.
Si el proyecto avanza, no solo implicará un endurecimiento de penas, sino también un reconocimiento institucional a un reclamo que lleva más de dos décadas buscando justicia.