La Oficina Anticorrupción atraviesa un vacío de conducción en un momento políticamente sensible para el Gobierno. A doce días del anuncio de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, sobre la designación de Gabriela Zangaro, el nombramiento no fue oficializado y el organismo permanece acéfalo, sin avanzar en investigaciones propias pese a las denuncias que involucran a Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
El dato no es menor: la OA es el órgano encargado de prevenir e investigar posibles hechos de corrupción dentro del Estado nacional. Sin embargo, en medio de cuestionamientos por los viajes de Adorni —tanto el oficial a Estados Unidos como el privado a Uruguay—, el organismo no inició ninguna actuación de oficio. La decisión marca una señal política en un contexto donde la transparencia es uno de los pilares discursivos del oficialismo.

Desde el entorno del área sostienen que no hay elementos suficientes para intervenir sin requerimiento externo, aunque reconocen que deberán actuar si la Justicia lo solicita. Esa postura abre una tensión evidente entre el rol institucional del organismo y el contexto político, donde ya existen denuncias formales impulsadas por Marcela Pagano, diputada nacional, y otros dirigentes de la oposición.
Mientras la OA permanece sin conducción formal, la causa avanza en tribunales. La Justicia ya pidió información detallada sobre el uso del avión presidencial, la lista de pasajeros, los actos administrativos que autorizaron el viaje y los costos operativos. A eso se suman investigaciones sobre el vuelo privado a Uruguay, donde se analiza la relación entre el gasto realizado y los ingresos declarados por el funcionario.
En términos políticos, la situación expone una contradicción incómoda para el Gobierno de Javier Milei, presidente de la Nación. Mientras sostiene un discurso de combate a la corrupción y crítica a la “casta”, enfrenta cuestionamientos sobre la falta de acción de los organismos de control en casos que involucran a su propio entorno. La demora en la designación y la inacción de la OA no solo impactan en la gestión, sino que alimentan una discusión más amplia sobre la credibilidad del esquema institucional que el oficialismo busca defender.