A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) incautaron en la provincia de Buenos Aires, cientos de productos apócrifos que infringían la Ley 22.362.

La causa tuvo su inicio en noviembre de 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero a cargo de Juan Manuel Culotta y con intervención de la Secretaría de María Eugenia Negrello, convocó a la División Antifraude a los fines de establecer la existencia de un local que comercializaría artículos de manera ilícita.

Los uniformados de la citada dependencia policial desarrollaron diferentes tareas de campo, análisis sobre redes sociales y plataformas de comercio digital, estableciendo la veracidad del delito. Así, los agentes comprobaron que dicho negocio, ubicado en la localidad bonaerense de San Miguel, ofrecía al público diferentes productos identificados con una reconocida marca que vende termos, mates, botellas, vasos y accesorios térmicos. Así fue como con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la ejecución de dos allanamientos en el noroeste de la provoncia de Buenos Aires. .
Atento a ello el personal policial ingresó a ambas fincas, situadas sobre las calles Maestro Ángel D’Elía (el comercio) y Flaubert (barrio privado de Bella Vista), donde identificaron e imputaron a un hombre de 23 años de edad sindicado como responsable del delito en cuestión.

Asimismo, se identificaron a los empleados del lugar y se secuestraron un teléfono celular que era utilizado para el expendio de la mercadería, 87 termos, 69 botellas, 86 vasos y 13 mates; todos productos con logos e inscripciones de la referida marca.
La totalidad de los elementos decomisados fue sometida a un aforo estimativo, por el cual se estableció un valor aproximado de 2.650.000 pesos en efectivo.

Por otra parte y considerando pericias anteriores realizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), dichos productos son dañinos para la salud debido a su precaria fabricación.
Como ocurre en estos casos, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Marca.