La mañana del 27 de enero de 1977 amaneció como cualquier otra en el oeste del conurbano bonaerense. Pero en una casa de El Palomar, ya ocupada por un grupo de tareas de la Armada, la maquinaria del terrorismo de Estado estaba en marcha. Allí aguardaban, armados y a la espera, los hombres del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA.
Dagmar Hagelin, una adolescente de 17 años, no lo sabía. Había ido a visitar a su amiga Norma Burgos. Ignoraba que ella había sido secuestrada el día anterior y que su casa se había transformado en una trampa.

Cuando Dagmar llegó, los represores la confundieron con otra militante que esperaban capturar. Le dieron la voz de alto. Ella corrió. Entonces, el entonces teniente de fragata Alfredo Astiz le disparó. La bala le dio en la cabeza. Cayó, pero seguía con vida. La arrastraron, la metieron en el baúl de un auto y se la llevaron. Nunca más se supo de ella.
Testigos la vieron en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. Estaba herida, consciente, luchando por sobrevivir. Días después, desapareció definitivamente en ese sistema de secuestros, torturas y asesinatos que el Estado ejecutaba en las sombras.
Pero el caso de Dagmar no quedó encerrado en ese circuito clandestino. Su padre, Ragnar Hagelin, inició una búsqueda desesperada que rápidamente cruzó fronteras. En pocas horas, la denuncia llegó a la embajada sueca. Y desde allí, al gobierno de Suecia.
Lo que siguió fue un escándalo internacional. Mientras la dictadura negaba todo —como hacía sistemáticamente con los desaparecidos—, Suecia exigía respuestas. La presión diplomática creció al punto de tensar al máximo las relaciones bilaterales. El caso llegó a organismos internacionales, a gobiernos extranjeros y hasta al Vaticano.

La figura de Astiz comenzó a circular en la prensa europea como símbolo del aparato represivo argentino. Ya no se trataba de un hecho aislado, en un lejano país: era la evidencia concreta, con nombre y apellido, de un plan sistemático de exterminio. Años después se supo —por testimonios de sobrevivientes— que el secuestro había sido un “error”: la habían confundido. Pero también que, una vez desatado el escándalo mundial, los represores decidieron matarla. Era demasiado visible para dejarla con vida.
Durante la dictadura, la Armada Argentina intentó cerrar el caso con maniobras de encubrimiento en la justicia militar. Hubo sobreseimientos secretos y expedientes ocultos, incluso mientras crecía la presión internacional. Con el retorno de la democracia, la causa se reabrió. Décadas más tarde, la Justicia argentina consideró el caso como delito de lesa humanidad, imprescriptible. Astiz y otros represores fueron finalmente condenados a prisión perpetua.
El nombre de Dagmar Hagelin quedó inscrito entre los más de 30.000 desaparecidos. Pero su historia tuvo una singularidad: fue una de las primeras en romper el cerco del silencio impuesto por la dictadura y en mostrarle al mundo lo que ocurría en la Argentina. Cincuenta años después, el caso sigue siendo impactante, no sólo por la brutalidad del crimen, sino por lo que reveló: que el terrorismo de Estado no fue un exceso, ni un error, sino una máquina de matar.
El “Ángel rubio de la muerte” es uno de los rostros más emblemáticos del terrorismo de Estado en la Argentina. Oficial de la Armada e integrante del Grupo de Tareas de la ESMA, se infiltró en organismos de derechos humanos haciéndose pasar por familiar de desaparecidos para delatar a militantes, entre ellos a las Madres de Plaza de Mayo secuestradas en 1977.

Su nombre quedó asociado a secuestros, torturas y desapariciones, pero su actuación no terminó ahí, durante la Guerra de las Malvinas, volvió a ser protagonista por un hecho que expuso otra faceta: en 1982, al mando de fuerzas argentinas en las Georgias del Sur, se rindió ante tropas británicas sin combatir, firmando la capitulación sin haber disparado un solo tiro, en una escena que contrastó brutalmente con la ferocidad que había mostrado contra civiles indefensos en los años de la dictadura.