La megacausa por presunta corrupción en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) fue elevada a juicio oral en La Plata y pone el foco de manera directa en la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense (2007-2015).
El expediente, que investigó maniobras ocurridas principalmente en el tramo final de su administración, describe un presunto esquema sistemático de desvío de fondos públicos dentro de la principal obra social de la provincia. El avance judicial impacta de lleno en la figura de Scioli, hoy funcionario del gobierno de Javier Milei.
Según la acusación, durante la gestión sciolista se habría montado una red interna en IOMA para direccionar contrataciones, sobrefacturar prestaciones médicas y desviar recursos mediante intermediarios.
Los delitos imputados incluyen peculado (al menos 78 hechos), fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, uso de documento falso y asociación ilícita. La causa sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de un mecanismo sostenido desde áreas clave del organismo.
Los números del presunto desfalco reflejan la magnitud del caso: solo en el tramo final de la gestión sciolista se estimaron pérdidas por al menos $2.800 millones a partir de maniobras como compras directas y sobreprecios. A eso se suma una denuncia aún más contundente que sostiene que entre el 17% y el 20% del presupuesto del IOMA podría haber sido absorbido por circuitos de corrupción, en un contexto de debilitamiento deliberado de los controles internos.
El expediente también contiene elementos particularmente sensibles desde el punto de vista político: se investigaron presuntos desvíos de fondos públicos con fines ajenos a la obra social, incluyendo la utilización de recursos para financiar actividades políticas, así como vínculos entre funcionarios y estructuras empresariales beneficiadas por contrataciones irregulares. La hipótesis judicial sostiene la existencia de una red organizada dentro del Estado provincial destinada a canalizar esos recursos.
El principal acusado es Antonio Atilio La Scaleia, quien se desempeñó como presidente del IOMA durante la gestión Scioli y es señalado como el eje de las maniobras. Junto a él serán juzgados exfuncionarios y personal jerárquico del organismo:

La causa tiene origen en denuncias impulsadas por Elisa Carrió, quien durante años sostuvo que el IOMA funcionaba como “una caja política del poder bonaerense”. En sus presentaciones, advirtió sobre una “estructura de corrupción enquistada en el Estado provincial” durante la gestión Scioli, señalando vínculos entre funcionarios y prestadores beneficiados por contrataciones.
Aunque Daniel Scioli no figura como imputado, el juicio expone directamente el funcionamiento de una de las áreas más sensibles de su administración. En el actual contexto, donde ocupa un rol dentro del gobierno de Javier Milei, el avance de esta causa genera tensión política y reabre el debate sobre responsabilidades en su gestión al frente de la provincia más grande del país.
El proceso oral, a cargo del TOC N°5 de La Plata y la fiscal Viviana Arturi, será clave para determinar si existió una estructura organizada para desviar fondos públicos durante el sciolismo. Por el volumen de pruebas, la cantidad de imputados y el impacto institucional, se trata de uno de los expedientes más relevantes de los últimos años en la provincia.