Matar al volante y seguir libre: la historia que marcó el debate en Diputados

En Argentina, entre 15 y 20 personas mueren cada día por siniestros viales. Pese a la gravedad de las cifras, el 90% de los responsables recibe condenas de tres años de prisión en suspenso, lo que en la práctica significa que no cumplen tiempo en la cárcel. Esta estadística fue el eje del debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), recibió a familiares de víctimas para analizar un proyecto con media sanción del Senado. La iniciativa busca reformar el Código Penal para que las muertes provocadas por conductores imprudentes tengan castigos de cumplimiento real y dejen de ser excarcelables.

El punto central de la reforma es elevar la pena mínima de 3 a 4 años de prisión. Este cambio técnico es el que impide que los jueces otorguen la libertad condicional o la ejecución en suspenso, obligando a que el condenado cumpla la pena de forma efectiva tras las rejas.

¿Por qué la mayoría de los conductores que matan no van a la cárcel?

Viviam Perrone, fundadora de la Asociación Madres del Dolor, explicó ante los legisladores que la legislación vigente no ofrece una respuesta adecuada a la sociedad. “Hoy tenemos en el homicidio culposo una pena mínima de tres años en suspenso. El 90% de estos casos reciben esta condena”, puntualizó Perrone.

La referente subrayó que estas muertes son "hechos evitables" y que la falta de consecuencias fomenta la conducción temeraria. Según su exposición, el sistema actual envía un mensaje de impunidad a quienes deciden manejar bajo efectos del alcohol o utilizando el celular, ya que las probabilidades de recibir una pena de prisión efectiva son mínimas.

¿Qué revela el caso de los siete agravantes sobre la ley actual?

Uno de los testimonios más directos fue el de Silvia González, titular de la Fundación Estrellas Amarillas. Relató que el responsable de la muerte de su hijo de siete años, ocurrida en 2003, conducía alcoholizado, bajo efectos de drogas, a exceso de velocidad y con un vehículo sin frenos ni seguro.

“No puedo concebir que a la persona que mató a mi hijo, con siete agravantes, le dieran tres años de prisión en suspenso”, afirmó González. La madre comparó esta sanción con otros delitos en su provincia, donde robar una vaca tiene penas de hasta 8 años, cuestionando la desproporción entre la protección de la propiedad y la vida humana.

¿Cómo cambiarán las penas con el nuevo proyecto de ley?

La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la cámara alta a partir de proyectos de Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Ávila (Independencia), establece un nuevo esquema de castigos:

• Pena mínima: sube de 3 a 4 años (lo que garantiza la cárcel efectiva).
• Pena máxima: sube de 6 a 8 años para casos generales.
• Agravantes múltiples: la condena puede alcanzar los 12 años si concurren tres o más factores (alcohol, exceso de velocidad superior al 30%, uso de celular o falta de licencia).
• Inhabilitación: el tiempo sin permiso de conducir será el doble de la duración de la condena de prisión.

¿Por qué se pide dejar de usar la palabra "accidente"?

María Luján Rey, titular del Observatorio de Víctimas del Congreso, insistió en un cambio cultural que empiece por el lenguaje. Solicitó a los diputados evitar el término "accidente" para referirse a estos hechos, ya que esa palabra sugiere que se trata de algo fortuito o inevitable.

“Hablar de accidentes quita responsabilidades. Estamos hablando de cosas que pueden prevenirse”, enfatizó Rey. La propuesta es utilizar términos como "siniestro vial" o "hecho vial" para remarcar que detrás de la tragedia hay una conducta humana imprudente que el sistema legal debe sancionar con mayor firmeza.

TM