21/03/2026 - Edición Nº1138

Política

Patrimonio en la mira

La casa no declarada de Manuel Adorni en un exclusivo barrio privado: Sus lujos

19/03/2026 | La denuncia por una casa en un country premium que no figura en su patrimonio se suma a polémicas por viajes y gastos en el exterior.



La ampliación de la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra Manuel Adorni sumó un elemento concreto y sensible: la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no figura en las declaraciones juradas patrimoniales del actual jefe de Gabinete.

La presentación incorporó ese inmueble como un nuevo hecho dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y puso el foco sobre una omisión que, de confirmarse, agravaría la situación del funcionario.

La respuesta de Lemoine y la confirmación implícita

El dato político cobró todavía más fuerza cuando la diputada más cercana al presidente Javier MileiLilia Lemoine, salió a intentar defender a Adorni y, al relativizar la denuncia, terminó validando el punto central. “Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una MANSIÓN EN LA ISLA”, escribió la diputada libertaria.

La frase no desmintió la existencia del inmueble: por el contrario, fue leída como una confirmación de que la propiedad existe y de que el debate ya no pasa por su realidad, sino por su valuación, su titularidad y su ausencia en la declaración jurada.

Qué declaró Adorni en su patrimonio

La última declaración jurada disponible de Adorni, correspondiente al cierre de 2024 y presentada ante la Oficina Anticorrupción, consignó bienes por $107,9 millones, contra $61 millones en 2023. También informó deudas por $95,4 millones, cuando un año antes eran $34,2 millones.

En ese mismo documento declaró dos departamentos, uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata, dos vehículos, $2.455.000 en efectivo en el país, US$42.500 en efectivo y una cuenta en Estados Unidos con US$6.220,23, lo que lleva el total de ahorros en dólares a US$48.720.

En esa presentación no aparece la vivienda denunciada en Exaltación de la Cruz.

La propiedad en un barrio cerrado de los más caros de la zona

El eje judicial: la omisión bajo análisis

Ese punto es el que ahora adquiere centralidad judicial. Pagano sostuvo que no se trata de un desliz administrativo, y remarcó que Adorni es contador público.

La línea de la denuncia es que la eventual omisión de una casa en un barrio cerrado, si se comprueba que pertenece al funcionario o que integra su patrimonio familiar bajo una figura que debió ser informada, no sería un detalle menor sino un dato patrimonial relevante.

En cuanto al country señalado, el mercado inmobiliario ya permite dimensionar de qué clase de propiedad se está hablando. Los avisos publicados para Indio Cuá Golf Club muestran casas en venta desde unos US$105.000 hasta valores de US$220.000, US$235.000 y más, según superficie, ubicación y reformas.

En los mismos listados aparecen expensas mensuales de $500.000 a $700.000, además de una cuota de ingreso al barrio de US$5.000 en algunos casos.

Una de las publicaciones describe el predio como un country con campo de golf de 18 hoyos, 14 canchas de tenis, canchas de fútbol y hockey, pista hípica, pileta comunitaria, club house, restaurante, minimarket, seguridad con cámaras y control computarizado de acceso.

Un barrio cerrado con valores de mercado en alza

Esa radiografía del barrio privado es la que vuelve más delicada la denuncia. No se trata solamente de una casa en la provincia, sino de una propiedad ubicada en un desarrollo con amenities, vida social, infraestructura deportiva y seguridad privada, dentro de una franja de valuaciones que el propio mercado ubica en el rango medio-alto para la zona.

A eso se sumó en las últimas horas otra referencia pública: según lo que surge de la denuncia y de información difundida sobre el caso, las viviendas dentro de Indio Cuá fueron valuadas en una franja que va aproximadamente de US$129.000 a US$249.000, con expensas que pueden acercarse al millón de pesos mensuales según metraje y ubicación.

El antecedente: el viaje a Punta del Este

La nueva controversia patrimonial no aparece aislada. Llega después de que los viajes de Adorni quedaran bajo escrutinio. El primero fue el traslado a Punta del Este en febrero.

La información publicada sobre ese episodio indicó que el jefe de Gabinete viajó desde San Fernando a Laguna del Sauce en un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por Alpha Centauri, acompañado por su esposa Bettina Angeletti, dos integrantes de su familia y el periodista Marcelo Grandio.

La estimación difundida sobre ese vuelo fue de US$10.000 ida y vuelta, aunque luego Grandio sostuvo públicamente que Adorni había comprado cuatro boletos por US$3.600. La diferencia entre ambas cifras quedó instalada como parte de la polémica.

Marcelo Grandio y su vínculo con el Estado

Grandio no fue un acompañante irrelevante. La Nación lo identificó como periodista, empresario y conductor de TV Pública. Además, informó que su productora Imhouse está detrás de programas emitidos por la señal estatal y que también produjo un ciclo de entrevistas que conducía el propio Adorni antes de desembarcar en el Gobierno.

Ese dato añadió otra capa al caso: no solo se discutió el costo del vuelo privado, sino también la cercanía entre un funcionario clave y un empresario de medios con inserción en el canal público.

Adorni y su esposa viajaron a Nueva York en el avión presidencial, financiado con fondos públicos

Nueva York: el viaje oficial y la polémica por su esposa

El segundo antecedente fue el viaje oficial a Nueva York, en el marco de la Argentina Week 2026. Allí quedó expuesto que Bettina Angeletti, esposa de Adorni y sin cargo en el Estado, integró la comitiva que partió desde Buenos Aires y viajó en el avión presidencial junto a la delegación oficial. Su presencia abrió un fuerte cuestionamiento político y derivó en pedidos de informes y denuncias para determinar si hubo utilización de recursos públicos en beneficio personal.

La controversia no se limitó al traslado aéreo. Angeletti también apareció vinculada a la estadía de la delegación en el hotel The Langham, en la Quinta Avenida de Manhattan, el mismo establecimiento de alta gama en el que se alojó la comitiva oficial. Distintas publicaciones ubicaron el valor de las habitaciones entre US$540 y US$630 por noche en categorías base, con opciones que llegaban hasta US$1.563 por noche, lo que amplificó la discusión sobre quién cubrió esos costos y bajo qué criterio se autorizó la presencia de una persona ajena a la función pública dentro del esquema del viaje oficial.

Adorni sostuvo públicamente que su esposa ya tenía un pasaje comprado por US$5.348 y que sus gastos personales no fueron afrontados por el Estado. Sin embargo, esa explicación no cerró la polémica: el eje de los cuestionamientos pasó por el uso del avión presidencial, por la coincidencia de hospedaje con la comitiva oficial y por la eventual existencia de erogaciones estatales indirectas asociadas al viaje. Sobre ese punto se montaron las presentaciones opositoras, que reclamaron precisiones sobre costos, funciones, autorizaciones y eventuales responsabilidades administrativas.

Quién es Bettina Angeletti

Angeletti, según los perfiles y registros societarios citados por distintos medios, es licenciada en Administración de Empresas, tiene 43 años, se presenta como coach ejecutiva y de vida, y figura como directora de AS Innovación Profesional SRL, una sociedad que comparte con el propio Adorni, quien aparece como gerente.

También está vinculada a la consultora +BE, creada en 2024, que quedó bajo análisis judicial a partir de su cartera de clientes y sus relaciones comerciales con empresas que operan con el Estado.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es su conexión indirecta con la concesión de Tecnópolis, un negocio estimado en alrededor de $183.000 millones a 25 años, cuyo proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.

Según la presentación judicial, la consultora de Angeletti habría sido contratada por el Grupo Foggia, empresa que integra el consorcio interesado en quedarse con la explotación del predio y que participa del proceso a través de su asociación con DirecTV Argentina.

Ese vínculo es el que activa la sospecha de posible conflicto de intereses, ya que la decisión final sobre la concesión depende de un organismo bajo la órbita directa del funcionario cuyo entorno familiar mantiene relaciones comerciales con una de las firmas involucradas.

La denuncia plantea que este tipo de relaciones podría configurar un esquema más amplio de conexiones entre el sector privado proveedor del Estado y actividades de consultoría vinculadas al entorno del jefe de Gabinete, un aspecto que ahora deberá ser analizado en sede judicial.

La esposa de Adorni trabaja para la empresa que se quedó con Tecnópolis

Un caso que escala en lo judicial y lo político

Con esos antecedentes, la denuncia por la casa en Indio Cuá dejó de ser un episodio lateral y pasó a encajar en una secuencia más amplia de preguntas sobre ingresos, gastos, patrimonio y estándar de vida.

La discusión ya no se limita a una foto o a una acusación en redes: se apoya en la declaración jurada disponible, en un inmueble cuya existencia fue reconocida indirectamente por una diputada oficialista, en valores de mercado verificables para el barrio donde estaría ubicada la vivienda y en antecedentes recientes de viajes costosos que obligaron al funcionario a dar explicaciones públicas.

Judicialmente, el punto decisivo será determinar la titularidad real de la casa, bajo qué modalidad fue adquirida o reformada, quién afronta los gastos asociados y si esa propiedad debió figurar en la declaración patrimonial.

Políticamente, en cambio, el problema ya está planteado: el nuevo escándalo no discute una abstracción, sino una dirección concreta, imágenes del barrio cerrado, valores de venta, expensas mensuales y una omisión que, si se confirma, impactaría de lleno sobre la credibilidad patrimonial del jefe de Gabinete.

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