El gobierno de Kicillof se sube a las críticas hacia Sturzenegger por la aftosa

La provincia de Buenos Aires se metió de lleno en la polémica por la desregulación de la vacunación contra la fiebre aftosa y cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que el nuevo esquema “pone en riesgo” uno de los principales logros sanitarios de la ganadería argentina.

La crítica desde el gobierno de Axel Kicillof se suma a un escenario de fuerte división dentro del campo, luego de que la medida recibiera el respaldo de la Sociedad Rural Argentina, pero fuera rechazada por entidades como Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y CARBAP.

El eje del conflicto es la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que establece que a partir de 2027 se modificará el sistema de vacunación, incorporando veterinarios independientes en paralelo a los entes sanitarios tradicionales con el aparente fin de “desregular un monopolio”.

Actualmente, el esquema vigente se basa en una articulación entre productores y fundaciones sanitarias regionales que organizan campañas, garantizan la cobertura territorial y permiten un control centralizado del proceso. Para la Provincia y buena parte de las entidades rurales, ese modelo es precisamente el que está en riesgo.

En ese marco, Rodríguez planteó que la discusión excede lo operativo y remite a una disputa de fondo sobre el modelo sanitario: “Lo que está en juego no es solo quién aplica la vacuna, sino un sistema que durante décadas sostuvo la sanidad ganadera argentina” consideró. 

Un sistema consolidado que la Provincia defiende

Desde el gobierno bonaerense remarcan que el esquema actual fue clave para erradicar la enfermedad tras el brote del año 2001 y recuperar el estatus sanitario internacional.

“El sistema actual permitió ampliar la seguridad del sector. Hoy nadie duda de su solidez”, sostuvo Rodríguez, quien destacó el rol de los entes sanitarios como una red que articula a productores de distintas escalas.

Según explicó, estas fundaciones —alrededor de 300 en todo el país— funcionan como una estructura de “capital social” que garantiza campañas coordinadas y cobertura total del rodeo bovino.

Los riesgos de la desregulación

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto que podría tener el nuevo esquema en la cobertura sanitaria. Según la Provincia, la incorporación de veterinarios independientes podría generar desigualdades.

“Los profesionales van a buscar a los productores con grandes rodeos, mientras que los pequeños pueden quedar relegados”, advirtió el ministro. En ese sentido, remarcó que el sistema actual asegura que la vacunación llegue a todos los establecimientos.

Además, alertó que la modificación puede dificultar el control: la información sobre la vacunación quedaría fragmentada, lo que complicaría el seguimiento sanitario en cada distrito.

El punto técnico menos discutido

Rodríguez también puso el foco en un aspecto específico de la resolución que, según afirmó, pasó desapercibido en el debate público: la alteración del esquema de campañas.

“El artículo 4 rompe con el criterio de campaña de vacunación. Sin lapsos temporales claros, el control resulta casi imposible”, señaló.

Para la Provincia, este cambio no solo modifica la operatoria, sino que desestructura uno de los pilares del sistema sanitario vigente.

Críticas políticas a Sturzenegger

El ministro Javier Rodríguez fue especialmente duro con el enfoque del Gobierno nacional y apuntó contra Federico Sturzenegger, a quien acusó de impulsar la medida con una mirada ideológica.

“Está actuando con anteojeras ideológicas y de manera irresponsable, en un tema donde lo prioritario es la seguridad sanitaria”, sostuvo.

Con este posicionamiento, la Provincia se suma a las entidades rurales que vienen cuestionando la desregulación y consolida un frente crítico dentro del propio sector agropecuario, en una discusión que combina intereses productivos, criterios sanitarios y modelos de intervención estatal.