Estalló el caso fotomultas en Pilar: Cecaitra, Universidad de San Isidro y un CBU

El sistema de recaudación por infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis administrativa tras la detección de irregularidades en los pagos. El Ministerio de Transporte bonaerense decidió dar de baja del registro de proveedores a la firma Cecaitra, la principal operadora de radares en el territorio provincial.

La decisión impacta directamente en el municipio de Pilar y otros distritos del conurbano que operan bajo convenios de asistencia técnica. La medida se tomó tras auditar la documentación de pago y comprobar el incumplimiento de los requisitos exigidos para la constatación de infracciones de tránsito.

El detonante del escándalo fue la detección de que la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO) y la empresa Cecaitra presentaron el mismo CBU (Clave Bancaria Uniforme) para percibir los porcentajes de la recaudación de las multas.

¿Cuál fue el dato que destapó la irregularidad bancaria?

La anomalía salió a la luz a través del denominado Formulario 2, el documento oficial de pago revelado por el portal La Política Online. Según la normativa provincial, el dinero de las multas se distribuye entre el municipio, la provincia, la empresa tecnológica y la universidad que brinda soporte técnico.

El Formulario 2, el documento oficial que destapó el escándalo de Cecaitra y la Universidad de San Isidro.

En el caso de Pilar, los registros contables mostraron que la UNSO y la firma privada compartían la misma cuenta bancaria para recibir los fondos. Esta coincidencia administrativa es considerada una falta crítica, ya que las universidades actúan como entes de control técnico y deben mantener independencia financiera de las prestatarias privadas.

¿Cuál es el nexo político en el convenio de Pilar?

El acuerdo en el distrito fue firmado por el intendente Federico Achával con la Universidad de San Isidro. La estructura de esta casa de estudios está vinculada al esquema político de Gustavo Posse. La rectora de la institución, Adriana López, es la esposa de Walter Carusso, un dirigente de extrema confianza del exintendente de San Isidro.

Este modelo de contratación permite que las empresas de fotomultas operen mediante convenios de asistencia técnica con universidades nacionales. Bajo este formato, las empresas pueden evitar el pago de tributos como el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y Ganancias, al presentarse como parte de una estructura académica o cámara empresarial sin fines de lucro.

¿Qué medidas tomó la Provincia de Buenos Aires?

Ante la confirmación de las inconsistencias en los CBU y las objeciones del Tribunal de Cuentas, el nuevo ministro de Transporte, Martín Marinucci, notificó el cese de Cecaitra como proveedor estatal. La disposición fue comunicada a todos los intendentes que mantienen convenios vigentes con dicha entidad.

La provincia detectó que el esquema violaba las normas de contratación pública. La baja del registro de proveedores implica que la empresa no podrá seguir operando el sistema de radares ni percibiendo fondos del erario público bonaerense hasta que se regularice su situación legal y administrativa.

¿Qué es el escándalo de las fotomultas de Jorge D'Onofrio?

La situación de Cecaitra se suma a la investigación judicial que involucra al exministro de Transporte, Jorge D'Onofrio. El exfuncionario se encuentra imputado como "partícipe necesario" de fraude a la administración pública y asociación ilícita. La justicia investiga si bajo su gestión se montó un sistema paralelo para la recaudación de multas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

D'Onofrio, quien renunció a su cargo a finales de 2025 tras el avance de las causas, enfrenta además un procesamiento por lavado de activos. La Cámara Federal de San Martín confirmó recientemente un embargo por 350 millones de pesos sobre sus bienes en una causa que investiga la compra de vehículos de lujo a través de presuntos testaferros.

¿Cuál es la maniobra ilegal que investiga la Justicia?

Los fiscales Álvaro Garganta y Adrián González Charvay investigan dos esquemas principales. El primero consiste en la existencia de "gestores informales" que contactaban a infractores para ofrecerles eliminar las multas del sistema a cambio de un pago del 30% del valor de la infracción. Esta maniobra habría provocado pérdidas de hasta 10 millones de dólares mensuales al fisco.

El segundo punto es el uso de figuras jurídicas impropias. Se sospecha que empresas comerciales se inscribieron como "Cámaras" o utilizaron fundaciones universitarias para eludir controles fiscales y acceder a contrataciones directas sin licitación. “Se comprobó el incumplimiento de los requisitos exigidos por el registro de proveedores”, advierte la notificación oficial enviada desde el ministerio.

¿Cuál es el estado actual de la causa judicial?

En la actualidad, la Justicia Federal ratificó los procesamientos de D'Onofrio y de su excolaborador Facundo Asensio. Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán concluyeron que existen pruebas sólidas sobre una maniobra de "disimulación patrimonial". El expediente señala que se utilizaban sociedades familiares sin actividad real para ocultar bienes.

En paralelo, en la ciudad de La Plata, se investiga el rol de jueces de faltas y funcionarios municipales que habrían permitido la manipulación de los registros electromagnéticos de infracciones. Varios intendentes bonaerenses han reportado una baja inusual en la recaudación, lo que refuerza la hipótesis de un sistema de borrado de multas a gran escala.

TM