Proyecto K busca llevar la Ley de Glaciares de Milei a las urnas: qué votaríamos

En medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei y un grupo de gobernadores para modificar la Ley de Glaciares, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto que busca trasladar la decisión a las urnas mediante una consulta popular vinculante.

La iniciativa no solo apunta a frenar o condicionar la reforma, sino que incorpora una fundamentación detallada sobre los riesgos ambientales y el procedimiento institucional para que la ciudadanía defina el futuro del régimen.

El texto pone el foco en el carácter estratégico de los glaciares, la necesidad de evitar retrocesos en materia ambiental y el derecho de la sociedad a intervenir en decisiones estructurales. A la vez, establece con precisión cómo se instrumentaría la consulta, desde la convocatoria hasta la validez de sus resultados.

La fundamentación: “una decisión que excede al Congreso”

En los fundamentos del proyecto, Valdés sostiene que la eventual reforma de la Ley de Glaciares “no puede ser tratada como una modificación legislativa más”, ya que involucra recursos naturales críticos y compromete a las generaciones futuras.

El diputado advierte que “los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce” y que su preservación “es esencial para el desarrollo humano, la biodiversidad y el equilibrio ambiental”. En ese sentido, remarca que cualquier cambio normativo que implique una flexibilización de su protección debe contar con un respaldo social amplio.

Además, plantea que avanzar sin ese consenso implicaría un retroceso: “no resulta admisible reducir los estándares de protección ambiental alcanzados”, en línea con el principio de no regresividad reconocido en el derecho ambiental.

En otro tramo, el proyecto subraya que “la magnitud de los intereses en juego exige mecanismos de participación directa”, y propone la consulta popular como una herramienta para legitimar una decisión que excede a la dirigencia política.

Cómo sería la consulta popular

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la definición concreta del mecanismo de consulta. La iniciativa establece que la convocatoria deberá ser realizada por ley del Congreso, en cumplimiento de lo previsto por la Constitución Nacional.

Entre los puntos clave del procedimiento se destacan:

• Carácter vinculante: el resultado de la consulta obligaría a los poderes del Estado, lo que significa que la decisión de la ciudadanía debería ser respetada en la definición final sobre la reforma.
• Alcance nacional: la votación se realizaría en todo el país, permitiendo que participe el conjunto del electorado.
• Pregunta clara y directa: el proyecto prevé que la consulta se formule en términos simples, de modo que la ciudadanía pueda optar por aprobar o rechazar la modificación de la Ley de Glaciares.
• Organización electoral: el proceso estaría a cargo de la justicia electoral, garantizando transparencia, control y fiscalización.
• Coincidencia con elecciones: no se descarta que la consulta pueda realizarse en simultáneo con un proceso electoral nacional para facilitar la participación y reducir costos.

En la fundamentación, Valdés remarca que este mecanismo “fortalece la democracia participativa” y permite que la ciudadanía se exprese de manera directa sobre temas estructurales.

Implementación concreta

La pregunta que se somete a consideración popular sería la siguiente: “¿Aprueba usted la modificación de la Ley N.º 26.639 -Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial- según el texto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación (0072-S2025)?”

Las opciones de respuesta serán únicamente SÍ o NO. Además, la Consulta Popular se realizará dentro de los sesenta (60) y ciento veinte (120) días corridos contados desde la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial.

En tanto, la consulta “será de carácter vinculante, por lo que el voto será obligatorio para los electores nacionales, y su resultado, en caso de obtener mayoría afirmativa de votos válidos emitidos y conforme a quórum válido según la ley, convertirá automáticamente en ley el proyecto sometido a consulta, sin posibilidad de veto presidencial ni trámite legislativo posterior”.

El eje ambiental: agua, glaciares y derechos

El proyecto hace especial hincapié en la función de los glaciares como reguladores del sistema hídrico. “Su afectación compromete el acceso al agua de amplias regiones del país”, advierte el texto, en referencia a las provincias que dependen de estos reservorios naturales.

En esa línea, también se menciona que la Argentina ha asumido compromisos internacionales en materia ambiental que obligan a preservar estos ecosistemas. Por eso, se plantea que cualquier modificación debe evaluarse no solo en términos económicos, sino también en función de sus impactos a largo plazo.

“La protección de los glaciares no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición para que ese desarrollo sea sostenible”, sostiene la fundamentación, en una crítica implícita al enfoque del oficialismo.

Qué propone la reforma del Gobierno

El avance del proyecto de consulta popular se da en paralelo al impulso del oficialismo para modificar la Ley de Glaciares. La iniciativa del Gobierno y los gobernadores apunta a flexibilizar restricciones para habilitar mayores niveles de actividad productiva en zonas cordilleranas.

Entre los principales cambios en discusión aparecen:

• La redefinición del ambiente periglacial, lo que podría reducir áreas protegidas.
• La habilitación de actividades como la minería en zonas actualmente restringidas.
• La revisión de inventarios de glaciares con nuevos criterios técnicos.
• Un mayor protagonismo de las provincias en la gestión de los recursos.

Desde el oficialismo argumentan que estas modificaciones permitirían atraer inversiones y generar empleo, especialmente en sectores estratégicos como la minería.