Después de cinco años sin poder alcanzar un consenso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) logró aprobar un nuevo presupuesto, en una decisión que refleja tanto la fragilidad como la vigencia de uno de los principales foros multilaterales del mundo.
El acuerdo fue adoptado por unanimidad entre sus 57 Estados miembros, un requisito indispensable para su funcionamiento. Sin embargo, no llegó sin costos: el presupuesto incluye recortes significativos impulsados por Estados Unidos, que desde hace tiempo venía cuestionando el rol y el gasto del organismo.
El nuevo esquema financiero contempla una reducción de aproximadamente 15 millones de euros, equivalente a cerca del 10% del presupuesto base de 2021, que se había mantenido congelado durante los últimos años ante la falta de consenso. El impacto será concreto: más de 100 empleados deberán dejar sus puestos, sobre un total cercano a 2.000 trabajadores. Desde la organización reconocieron que esta reducción afectará distintas áreas, aunque aseguraron que se buscará preservar la operatividad central.

El acuerdo no puede entenderse sin el rol de Estados Unidos, que había llegado incluso a amenazar con retirarse del organismo si no se avanzaba con reformas.
Washington cuestionó algunas de las actividades más visibles de la OSCE, en particular las misiones de observación electoral en países donde los procesos democráticos presentan irregularidades. La postura estadounidense apunta a que el organismo “vuelva a sus funciones centrales”, lo que implica un recorte en iniciativas vinculadas a derechos humanos y promoción democrática, áreas que históricamente definieron su perfil.
En paralelo, Rusia lleva años denunciando que la OSCE fue “capturada” por Occidente y que sus mecanismos se utilizan con fines políticos. Este cruce de acusaciones entre Moscú y las potencias occidentales explica en gran medida el bloqueo presupuestario que paralizó al organismo durante el último lustro. La dificultad para alcanzar acuerdos refleja una realidad más amplia: la creciente fragmentación del sistema internacional.

La OSCE tiene sus raíces en la década de 1970, en plena Guerra Fría, cuando se creó como un espacio de diálogo entre bloques enfrentados. Su antecedente directo es la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, que buscaba reducir tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el fin de la Guerra Fría, el organismo se transformó en una institución permanente y amplió sus funciones. Hoy trabaja en áreas como:
Prevención y gestión de conflictos
Observación electoral
Derechos humanos y libertades fundamentales
Seguridad en Europa y Asia Central
Su característica distintiva es que reúne en una misma mesa a países que hoy mantienen fuertes tensiones, incluyendo a Estados Unidos, Rusia y gran parte de Europa.

El nuevo presupuesto deja al descubierto las limitaciones del organismo, que depende del consenso en un contexto internacional cada vez más polarizado. Pero al mismo tiempo, el hecho de haber alcanzado un acuerdo después de cinco años envía una señal relevante: la OSCE sigue siendo uno de los pocos espacios donde el diálogo entre rivales sigue siendo posible.
En palabras del canciller suizo Ignazio Cassis, cuyo país ejerce la presidencia rotativa, el acuerdo demuestra que incluso en tiempos de tensión, la cooperación multilateral todavía puede funcionar.
Más allá de lo técnico, la decisión expone tendencias más profundas: la presión de las potencias sobre los organismos internacionales, la disputa sobre el rol de los derechos humanos en la política global, y las dificultades crecientes para sostener consensos multilaterales. La OSCE, nacida para evitar conflictos en Europa, enfrenta hoy un desafío distinto: adaptarse a un mundo más fragmentado sin perder su razón de ser.