Polémica contratación
20/03/2026 - Edición Nº1137
Política
Disputa por tasas locales
Sturzenegger, duro en X contra la “extorsión municipal”
20/03/2026 | El funcionario se refirió en duros términos a la decisión de un municipio de crear una tasa aeroportuaria.
Federico Sturzenegger reivindicó al SENASA en X
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a cargar contra lo que definió como la “voracidad municipal” al anunciar cambios en la normativa nacional que buscan limitar la injerencia de los gobiernos locales sobre la actividad privada.
A través de un extenso mensaje en redes sociales, el funcionario tomó como ejemplo el caso de una aerolínea que habría decidido comenzar a operar vuelos hacia la ciudad bonaerense de Tres Arroyos —a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires— y que, según relató, se encontró con la imposición de una nueva tasa aeroportuaria por parte de las autoridades locales.
UN GRANITO DE ARENA PARA CONTENER LA VORACIDAD MUNICIPAL. La historia que se cuenta en esta nota de Maria Rumi en @LANACION es impresionante: una aerolínea decide volar a la ciudad de Tres Arroyos (6hs de auto a la capital), entiendo, que por primera vez en la historia de la…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 20, 2026
“Es un buen ejemplo de los muchos casos que escuchamos de una suerte de extorsión municipal”, sostuvo Sturzenegger, quien advirtió que este tipo de medidas podría poner en riesgo la conectividad aérea de la ciudad si la empresa decide retirar sus operaciones.
El gobierno dijo no
En ese marco, el funcionario explicó que el Gobierno nacional decidió avanzar en la eliminación de la exigencia de habilitaciones municipales dentro de la normativa nacional. Según detalló, el objetivo es evitar que esos requisitos funcionen como una herramienta indirecta de presión sobre empresas y emprendedores.
La medida comenzó a instrumentarse a través de la Resolución 233/26 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), encabezado por Pilar Giraudo, que modifica una serie de normativas previas para separar los trámites nacionales de los controles locales.
Vista aérea del Aeródromo de Tres Arroyos.
De acuerdo con el planteo oficial, el Estado nacional continuará con sus propias tareas de fiscalización —como controles técnicos o sanitarios— independientemente de si las empresas cumplen o no con las exigencias municipales, que pasarán a ser una cuestión exclusiva de cada jurisdicción.
“Son carriles separados”, enfatizó Sturzenegger, al argumentar que la superposición normativa no solo genera burocracia, sino que también amplía el margen para prácticas discrecionales por parte de los gobiernos locales.
La iniciativa se inscribe dentro de la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei, que promueve la reducción de trámites como vía para fomentar la actividad económica. “Menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso”, sintetizó el funcionario. En el cierre de su mensaje, Sturzenegger agradeció el trabajo de los equipos técnicos del Senasa y de la Secretaría de Agricultura y arengó como lo hace el propio Milei, con un VLLC!
Todas las causas judiciales de Sturzenegger
El actual ministro de Desregulación arrastra un historial judicial marcado por causas de alto impacto aunque, hasta el momento, sin condenas en su contra. Su expediente más resonante fue el del “megacanje” de deuda de 2001, cuando se desempeñaba como funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa: en ese caso fue procesado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, pero finalmente resultó sobreseído en 2016, decisión que quedó firme en instancias superiores.
Federico Sturzenegger en 2001, cuando era funcionario de Fernando De la Rúa
Años más tarde volvió a quedar bajo la lupa en la causa por la operatoria del dólar futuro tras la salida del cepo en 2015, durante la gestión de Mauricio Macri, donde se lo investigó por supuesta administración infiel y abuso de autoridad; sin embargo, la Justicia concluyó que no existió delito. En ese expediente el economista compartió acusación con el propio Macri y con el ministro de Hacianda, Alfonso Prat Gay. En el presente, ya como funcionario del gobierno de Javier Milei, enfrenta nuevas denuncias que aún no tienen definición judicial: una de ellas por presuntas negociaciones incompatibles vinculadas a un contrato estatal con una institución relacionada a su entorno familiar.
