La Justicia avanzó este viernes sobre la Asociación del Fútbol Argentino con operativos simultáneos en sus sedes de la calle Viamonte y del predio de Ezeiza, en el marco de la causa que investiga el circuito de fondos manejados en el exterior a través de una estructura comercial vinculada a negocios de la selección argentina.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, en medio de la disputa por el expediente con el magistrado Luis Armella. El objetivo de los operativos fue reunir documentación contable y reconstruir el recorrido de transferencias millonarias asociadas a contratos firmados fuera del país.

La investigación judicial pone el foco sobre el manejo de fondos generados por sponsoreos, derechos de transmisión y amistosos de la Selección en el exterior.
Según la hipótesis del caso, parte de esos recursos habría sido canalizada mediante sociedades bajo sospecha, algunas de ellas sin actividad económica clara, utilizadas presuntamente para recibir y mover dinero fuera de los canales habituales de control.
De acuerdo con la causa, el circuito bajo análisis habría administrado entre USD 260 millones y USD 300 millones, y la Justicia busca determinar si al menos USD 42 millones fueron derivados a firmas consideradas fantasma.
En el expediente aparecen mencionadas TourProdEnter LLC y otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Para los investigadores, se trataría de estructuras utilizadas para canalizar fondos vinculados a la explotación comercial internacional de la AFA.
El mes pasado ya se habían ordenado medidas para relevar cuentas bancarias, cajas de ahorro, plazos fijos y movimientos históricos de esas firmas. Con los allanamientos en la AFA, la Justicia apunta ahora a completar esa información con documentación interna de la entidad.
La pesquisa también alcanza contratos ligados a la explotación de derechos de la Selección, firmados durante la actual conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y con intervención de su tesorero, Pablo Toviggino.
Cuando la causa comenzó a tomar estado público, la AFA difundió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que rechazó cuestionamientos sobre los pagos de comisiones y defendió los acuerdos alcanzados por la actual conducción fuera del país.
Tras los procedimientos de este viernes, la entidad volvió a expresarse públicamente y rechazó que se haya tratado de allanamientos. “Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa: en el día de la fecha no se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.
En el mismo texto, agregó que “el flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad” y pidió “responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”.
Con esa postura, la conducción de la AFA buscó desacreditar las versiones sobre un avance judicial de mayor impacto y planteó que la actuación se limitó a un requerimiento de documentación.