Cámara de Diputados
20/03/2026 - Edición Nº1137
Política
Representación legislativa
Glaciares: Greenpeace va a la justicia para que los 100 mil inscriptos puedan participar
20/03/2026 | La organización presentó un pedido contra el esquema. Tal como informó NewsDigitales, ya existía una fuerte polémica por las medidas del oficialismo.
Integrantes de Greenpeace realizaron una performance en el Congreso cuando se debatió el proyecto de la Ley de Glaciares en el Senado.
La discusión por la reforma de la ley de Glaciares sumó este viernes un nuevo capítulo judicial luego de que Greenpeace presentara una medida cautelar para exigir que el Congreso garantice la participación oral de los casi 100 mil inscriptos en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados.
La presentación se produjo en medio de una controversia que ya venía escalando por el formato elegido para las jornadas del 25 y 26 de marzo. Tal como informó NewsDigitales días atrás, el mecanismo dispuesto por el oficialismo ya había despertado dudas por la posibilidad real de que todas las voces fueran efectivamente escuchadas.
Una polémica que ya venía creciendo
Cuando la Cámara abrió la inscripción para participar del debate sobre la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el volumen de anotados encendió rápidamente las alarmas.
El número siguió creciendo hasta rozar los 100 mil inscriptos. Ese escenario alimentó los cuestionamientos sobre la capacidad real del Congreso para canalizar semejante nivel de participación en apenas dos jornadas.
Según la resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, podrán exponer de manera oral 200 personas en forma presencial y otras 200 en la instancia virtual. El resto deberá optar por enviar su presentación por escrito o grabar un video de cinco minutos.
Una nueva forma de participar en las audiencias públicas
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 16, 2026
Formá parte del debate sobre la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Para participar, suscribite al canal oficial de YouTube de la Cámara de… pic.twitter.com/spgIi7Tuiu
La cautelar de Greenpeace
En ese marco, Greenpeace resolvió acudir a la Justicia con una medida cautelar que quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, actualmente subrogado por Enrique V. Lavié Pico.
En su escrito, la organización pidió que se ordene “al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma que ya recibió media sanción en el Senado.
También reclamó “la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales”, junto con todas las medidas organizativas necesarias para asegurar una participación “oral y efectiva”.
A la vez, solicitó que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral”, en alusión al reemplazo por presentaciones audiovisuales, escritos o videos subidos a plataformas digitales.
⚠️ Más de 75.000 personas se anotaron para hablar. Pero arman una audiencia de solo dos días, donde casi nadie va a tener voz.
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) March 19, 2026
Cuando está en juego el agua de millones de personas, silenciar a la ciudadanía no puede ser una opción.
Exigí que escuchen a la sociedad ✍️🔗… pic.twitter.com/N2UiMvNCnc
El dilema entre participación y viabilidad
El planteo de Greenpeace reavivó un debate que ya cruzaba al oficialismo y a la oposición: cómo compatibilizar una participación masiva con un procedimiento que no se vuelva impracticable.
Fuentes parlamentarias señalaron que, si se hiciera lugar al pedido en los términos planteados, serían necesarias alrededor de 500 jornadas para escuchar oralmente a todos los inscriptos. Desde sectores opositores, en cambio, sostienen que debe buscarse un criterio intermedio que no reduzca la audiencia a una formalidad vacía ni pretenda una solución materialmente imposible.
Además de la ampliación del cronograma, Greenpeace pidió la designación de veedores judiciales para supervisar tanto las audiencias presenciales como las virtuales, con el argumento de garantizar estándares adecuados de participación pública conforme al Acuerdo de Escazú.
Así, la judicialización del proceso terminó por confirmar una controversia que ya se había instalado desde el momento mismo en que se conocieron las reglas de participación: si la audiencia pública por la Ley de Glaciares será una instancia real de escucha ciudadana o apenas un procedimiento limitado frente a una convocatoria masiva.
