Apertura en tiempos de Covid-19
21/03/2026 - Edición Nº1138
Política
COVID-19
El lado B de la cuarentena: las muertes y condenas que vuelven al Congreso
21/03/2026 | Un diputado de San Luis pidió que se informe qué pasó con todos los denunciados e imputados por violar el ASPO. Dos casos emblemáticos sobre la mesa.
En el caso de Magalí Morales, la fiscalía entendió que el accionar y las omisiones del personal policial quebraron psicológicamente a la víctima y la llevaron a quitarse la vida dentro de la celda.
El diputado nacional libertario Carlos Almena presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para relevar a nivel nacional el estado de las causas judiciales iniciadas por la aplicación del artículo 205 del Código Penal durante la pandemia de COVID-19.
La iniciativa apunta a obtener información detallada sobre imputaciones, procesamientos y condenas entre 2020 y 2023, así como sobre posibles denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad. Ocurre a seis años del comienzo de la cuarentena.
Qué solicita el proyecto
La iniciativa pide al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia, requiera a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe completo sobre:
- La cantidad de personas imputadas, procesadas o condenadas por el artículo 205 del Código Penal.
- El estado procesal actual de cada expediente, incluyendo causas archivadas o prescriptas.
- El detalle de eventuales condenas y si estas se encuentran firmes.
- La cantidad de denuncias contra fuerzas de seguridad vinculadas a estos hechos y su estado judicial o administrativo.
El objetivo, según el texto, es contar con un relevamiento a nivel nacional del estado de situación de todos los expedientes iniciados en ese período excepcional.
Qué establece el artículo 205 del Código Penal
El artículo 205 del Código Penal argentino establece sanciones para quien viole medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Durante la pandemia, esta figura fue utilizada de manera masiva para imputar a personas que incumplían las restricciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto en marzo de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández.
Las penas previstas por este artículo incluyen prisión de seis meses a dos años, lo que en la práctica derivó en miles de causas judiciales en todo el país, muchas de las cuales luego fueron archivadas o no avanzaron a instancias de juicio.
Los fundamentos: denuncias de abusos y “emergencia sanitaria”
En los fundamentos del proyecto, Almena sostiene que la iniciativa busca analizar posibles excesos cometidos durante la pandemia bajo el amparo de la emergencia sanitaria.
El presente proyecto de resolución tiene como finalidad realizar un relevamiento a nivel nacional del estado de situación de todos expedientes iniciados bajo la imputación del artículo 205 del Código Penal, señala el texto.
El legislador también afirma que, desde la implementación del ASPO el 19 de marzo de 2020, se han denunciado en todo el país delitos contra los derechos humanos a raíz del ejercicio abusivo de la denominada “emergencia sanitaria”.
El caso de San Luis y las restricciones
El proyecto pone especial énfasis en la situación de la provincia de San Luis, gobernada durante ese período por Alberto Rodríguez Saá, a la que describe como una de las jurisdicciones con mayores restricciones.
Según Almena, en ese distrito se implementaron medidas como:
- Cierre de accesos provinciales y caminos vecinales.
- Restricciones estrictas al transporte de carga, con autorizaciones previas.
- Régimen de circulación interna por “días pares e impares” según el DNI.
El legislador sostiene que estas disposiciones generaron caos y desabastecimiento, además de conflictos con provincias vecinas.
Casos emblemáticos mencionados en el proyecto
En su fundamentación, Almena menciona dos casos ocurridos en San Luis durante la pandemia que tuvieron fuerte repercusión pública.
Magalí Morales
Magalí Morales fue detenida el 5 de abril de 2020 en Santa Rosa de Conlara por presuntamente violar la cuarentena. Dos días después, apareció muerta en una celda policial.
La versión oficial indicó que se trató de un suicidio, aunque el caso generó denuncias y cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el accionar policial.
Según la hipótesis reciente del Ministerio Público, el suicidio fue la consecuencia directa de un proceso de tortura psicológica y trato degradante al que la víctima fue sometida durante aproximadamente diez horas. Dos policías fueron imputados y detenidos.
Franco Gastón Maranguello
Franco Gastón Maranguello, de 16 años, fue demorado el 24 de abril de 2020 por una supuesta infracción a las restricciones sanitarias. Posteriormente, fue hallado sin vida en una comisaría de Villa Mercedes.
Al igual que en el caso anterior, la hipótesis inicial fue la de suicidio, pero también despertó críticas y pedidos de investigación sobre posibles responsabilidades estatales.
Un pedido de información con impacto político y judicial
El proyecto de Almena se inscribe en un debate más amplio sobre el alcance de las restricciones aplicadas durante la pandemia y sus consecuencias en términos de derechos individuales.
La iniciativa deberá ser tratada en comisión y, eventualmente, en el recinto, en un contexto donde distintos sectores políticos continúan revisando el impacto de las medidas sanitarias adoptadas entre 2020 y 2023.
