El aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales ha provocado preocupación en Guatemala. El gobierno propuso hasta diez medidas para amortiguar el impacto, entre ellas la creación de un fondo de estabilización de 1 500 millones de quetzales, subsidios focalizados para transportistas y la suspensión temporal del impuesto al petróleo. La meta es evitar que el coste de la gasolina y el diésel dispare la inflación y afecte a los sectores más pobres. Sin embargo, empresarios y economistas alertan que los subsidios indiscriminados podrían agotar los recursos y generar desigualdad.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gasolina y diésel, implementando un estímulo fiscal de 35,21 % equivalente a 2,59 pesos por litro. El gobierno mexicano también retiró temporalmente los gravámenes al diésel industrial y prometió anunciar medidas de “soberanía energética”. Aunque se presentan como ayudas al consumidor, estas políticas reducen los ingresos fiscales y pueden favorecer un consumo excesivo.
Guatemala pretende reaccionar ante la presión social con una batería de medidas que incluyen subsidios y un fondo de estabilización. No obstante, la experiencia regional demuestra que los subsidios generalizados son regresivos y benefician a quienes consumen más combustibles. Además, crean dependencia y distorsionan el mercado al reducir artificialmente los precios. México vive un fenómeno similar: el gobierno recorta impuestos y subvenciona el diésel, generando incertidumbre entre inversores y comprometiendo la “soberanía energética” que pregona.
Los defensores de la libertad económica sostienen que es mejor reducir aranceles y abrir el sector a la competencia para abaratar los combustibles de manera sostenible. Los recursos deben dirigirse a ayudas focalizadas, como bonos de transporte para trabajadores de bajos ingresos, en lugar de subvencionar a todos por igual. Además, un mercado competitivo incentiva la eficiencia y fomenta la inversión en energías limpias.

Guatemala podría aprovechar la crisis para impulsar la liberalización del sector energético, fomentar la entrada de nuevos actores y revisar su estructura impositiva. El fondo de estabilización, si se crea, debería tener reglas claras y temporalidad definida para evitar que se convierta en un barril sin fondo. La transparencia en el uso de los recursos es clave para evitar la corrupción y asegurar que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan.
En México, el estímulo fiscal al diésel muestra que el gobierno prefiere intervenir en el mercado en vez de promover la competencia. Esta estrategia puede generar un alivio inmediato, pero a largo plazo puede desalentar la inversión en producción local y tecnologías alternativas. Ambos países deben aprender que la estabilidad de precios se logra fomentando la productividad y respetando las reglas del mercado, no mediante decretos que distorsionan la economía.