Perú y Guatemala: la salida de dos fiscales que incomoda a la política

La Junta Nacional de Justicia del Perú (JNJ) decidió no ratificar al fiscal José Domingo Pérez, conocido por sus investigaciones sobre el escándalo Odebrecht y el caso Lava Jato. El organismo argumentó que Pérez no habría ejercido su cargo con mesura ni respeto al marco normativo. La decisión generó polémica, pues el abogado ha sido símbolo de la lucha contra la corrupción y sus seguidores la interpretan como un intento de proteger a la clase política investigada. Los críticos señalan que la medida podría debilitar procesos clave y favorecer la impunidad.

Esta situación recuerda a lo sucedido en Guatemala en julio de 2021, cuando la fiscal general Consuelo Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Sandoval lideraba investigaciones contra redes de corrupción de alto nivel y, tras ser removido sin un proceso claro, tuvo que exiliarse. Miles de guatemaltecos protestaron, pero el gobierno justificó la destitución alegando “faltas y abusos” sin pruebas. La similitud entre ambos casos suscita preocupaciones sobre la independencia del Ministerio Público en la región.

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Instrumentalización de la Justicia

La salida de Pérez y Sandoval pone de manifiesto cómo sectores poderosos intentan controlar las fiscalías para asegurar impunidad. En Perú, la JNJ aplica un argumento de “falta de mesura” que muchos consideran un pretexto para remover a quien incomoda a políticos y empresarios. En Guatemala, la destitución de Sandoval violó los procedimientos legales y evidenció la influencia del Ejecutivo en el Ministerio Público. Estos episodios minan la confianza de la población en las instituciones y fomentan la percepción de que la justicia sirve a intereses particulares.

Desde una perspectiva liberal‑conservadora, es esencial que la lucha contra la corrupción no dependa de figuras providenciales ni se convierta en herramienta de venganza política. La independencia judicial debe fortalecerse mediante procedimientos objetivos, transparencia y supervisión ciudadana. Fiscales y jueces deben rendir cuentas por sus actuaciones, pero su permanencia no debería determinarse por presiones políticas.

La Junta no ratifica al fiscal José Domingo Pérez y crecen las dudas sobre la justicia peruana.

Reformas y confianza institucional

Para evitar la politización, se requiere reformar los mecanismos de selección y evaluación de fiscales. Es clave establecer criterios técnicos y públicos, como la eficiencia en la resolución de casos y el respeto al debido proceso. Asimismo, se debe garantizar la autonomía presupuestaria de las fiscalías y proteger a los investigadores de represalias. De lo contrario, se corre el riesgo de que los casos de corrupción nunca lleguen a juicio o de que se utilicen selectivamente para perseguir adversarios.

Guatemala destituyó a Juan Sandoval en 2021 y lo obligó a exiliarse, generando protestas.

Los ciudadanos tienen un rol importante: la protesta y la vigilancia social deben presionar a las autoridades para que respeten la legalidad. La cooperación internacional también puede aportar modelos de reformas y acompañar procesos de fortalecimiento institucional. Perú y Guatemala enfrentan la misma encrucijada: elegir entre la transparencia y la impunidad. Sólo un sistema judicial independiente permitirá que la economía crezca y que los negocios se desarrollen sin pagar peajes a la corrupción.