En Caracas, la vicepresidenta en funciones del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, anunció el despido del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014, y la sustitución de todos los comandantes de las Fuerzas Armadas. El cambio se produce tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, un hecho que desató una crisis interna y dejó al descubierto la fragilidad del aparato militar. Rodríguez nombró al exministro de Interior Gustavo González López como titular de Defensa y a nuevos jefes en el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia.
En contraste, el 30 de diciembre de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó una nueva cúpula militar en una ceremonia oficial. Designó al general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general de las Fuerzas Militares y a otros altos oficiales al frente del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. Petro afirmó que el objetivo es fortalecer la seguridad, luchar contra el narcotráfico y garantizar la transparencia electoral. La renovación se realizó sin despidos abruptos ni acusaciones públicas, reflejando una transición institucional.
La purga venezolana responde a una profunda crisis. La captura de Maduro evidenció que la cúpula castrense no podía proteger al régimen, y la sucesora inmediata busca reafirmar su control con figuras leales. Padrino fue el ministro de Defensa más longevo de la historia reciente, acumulando poder y redes de corrupción. Su salida marca el fin de una era, pero también puede provocar inestabilidad. En Colombia, el relevo de mandos se realiza para adaptar la estrategia frente a bandas criminales y proteger el calendario electoral; no hay persecución política, sino continuidad institucional.
Desde una óptica liberal‑conservadora, los hechos demuestran la diferencia entre un régimen autoritario y una democracia imperfecta. Cuando las instituciones son débiles y el poder militar está al servicio del líder, las purgas se vuelven instrumentos de supervivencia. Por el contrario, en democracias con separación de poderes, el reemplazo de mandos militares es un acto administrativo orientado a la eficacia y la transparencia.
La sustitución en Venezuela podría intensificar las luchas internas y acentuar la represión, ya que la nueva cúpula querrá demostrar lealtad. La seguridad de la ciudadanía queda supeditada a los intereses de quienes ostentan el poder. Por ello, es crucial impulsar una transición hacia la legalidad, donde los militares vuelvan a su papel constitucional y no se conviertan en brazo político de un grupo. La comunidad internacional debe apoyar iniciativas que promuevan elecciones libres y reconstruyan la institucionalidad.

En Colombia, la designación de nuevos comandantes ofrece una oportunidad para mejorar la seguridad y combatir el narcotráfico con profesionalismo. Petro debe garantizar que la lucha contra la criminalidad no derive en abusos y que se respeten los derechos humanos. Las fuerzas armadas pueden ser aliadas del desarrollo si se subordinan a la ley y si el gobierno prioriza reformas que generen oportunidades económicas. En última instancia, el caso venezolano evidencia los riesgos de concentrar el poder militar y la importancia de fortalecer la democracia.