Tarija cerró el Bermejo para frenar un voto argentino que preocupa

En vísperas de las elecciones subnacionales, el gobierno del departamento de Tarija ordenó cerrar durante 48 horas los pasos fluviales del río Bermejo. La medida buscaba impedir que ciudadanos argentinos cruzaran en las tradicionales chalanas para votar ilegalmente. Las autoridades advirtieron que el cierre se aplicaría desde la medianoche del sábado hasta la medianoche del domingo y aseguraron que estaba destinado a garantizar la transparencia del proceso. La decisión generó malestar entre comerciantes y transportistas que dependen del flujo fronterizo para sus ingresos.

Algo similar ocurrió en Colombia unos días antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo. El gobierno de Bogotá y Migración Colombia anunciaron el cierre de todos los pasos terrestres y fluviales desde el 7 de marzo a las 18 horas hasta la mañana del 9 de marzo. El objetivo era prevenir disturbios, evitar la entrada de grupos ilegales y garantizar la seguridad de los votantes. Se exceptuaron únicamente casos de fuerza mayor, y se pidió a los viajeros que reprogramaran sus desplazamientos. La medida se tomó tras consultas con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad, destacando la preocupación regional por la intromisión en los comicios.

Bolivia 

Democracia y costos

El cierre de fronteras refleja el temor al fraude electoral y a la influencia externa en procesos locales. En Tarija, el flujo habitual de residentes transfronterizos se interrumpió para evitar que no empadronados manipularan el resultado, mientras en Colombia se temía el ingreso de grupos armados y contrabandistas. Si bien estas restricciones pueden ser necesarias para proteger la legitimidad del voto, también generan costos económicos para los trabajadores informales y comerciantes que dependen del tránsito. La medida demuestra la precariedad de las instituciones y la falta de mecanismos más precisos para controlar el padrón.

Desde un punto de vista liberal‑conservador, el control fronterizo es un elemento básico de la soberanía y del Estado de derecho. No obstante, se debería aplicar de manera proporcional y con coordinación binacional para minimizar el impacto sobre el comercio legal. El cierre total evidencia la incapacidad de los gobiernos para identificar a los infractores de manera selectiva y castigar solo a quienes violan la ley. La presencia de mafias y de partidos que buscan movilizar votantes foráneos pone en riesgo la democracia y justifica medidas extraordinarias, pero el remedio no debe ser peor que la enfermedad.

Tarija cerró los cruces fluviales del Bermejo para impedir el voto ilegal desde Argentina.

Equilibrio entre seguridad y libertad

Las autoridades bolivianas y colombianas deberían invertir en sistemas de registro más eficientes y en tecnología que permita detectar intentos de fraude sin paralizar la economía local. Controles biométricos, verificaciones de domicilio y cooperación internacional pueden reforzar la seguridad sin cerrar las fronteras. Asimismo, la educación cívica y la transparencia en el conteo de votos son esenciales para disuadir a quienes intentan manipular las elecciones.

Colombia clausuró sus fronteras terrestres y fluviales por las legislativas del 8 de marzo.

A largo plazo, mejorar la infraestructura fronteriza y profesionalizar a los funcionarios reducirá la tentación de medidas drásticas. Los países deben equilibrar la necesidad de proteger la democracia con la obligación de respetar los derechos de quienes viven del comercio transfronterizo. El cierre de las chalanas en Tarija y de los pasos en Colombia debe servir como alerta sobre la fragilidad institucional y la urgencia de fortalecer la legalidad y la cooperación regional.