El conflicto por el cierre de la planta de neumáticos FATE sumó un nuevo capítulo institucional en la Legislatura bonaerense. La conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) impulsa un proyecto de ley para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tome el control operativo de la fábrica ubicada en San Fernando.
La iniciativa surge tras el despido de 920 operarios y la parálisis de una actividad considerada estratégica para el transporte nacional. El gremio busca que la administración de Axel Kicillof garantice la continuidad productiva ante lo que consideran una falta de respuestas del Gobierno nacional.
El proyecto de ley propone declarar de "utilidad pública" la producción de neumáticos y autoriza una ocupación temporal de las instalaciones por un plazo de un año para asegurar el abastecimiento interno.
La propuesta liderada por el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, establece un esquema de intervención estatal sin modificar la titularidad definitiva de la empresa. El objetivo central es que los trabajadores despedidos sean reincorporados para retomar la fabricación de cubiertas bajo una administración transitoria.
“Es una ocupación temporal, con un plazo definido, donde el dueño presenta un plan de continuidad productiva y recupera el control”, explicó Crespo. Según el dirigente, esta medida no implica gastos adicionales para la provincia de Buenos Aires, ya que se limita a administrar los activos existentes hasta que finalice la emergencia.
El reclamo gremial subraya que FATE es la única planta en Argentina con capacidad para fabricar neumáticos destinados a camiones y colectivos. Una interrupción prolongada en el abastecimiento de estos insumos podría impactar directamente en la logística y el transporte de pasajeros a nivel nacional.
“El único criterio es que se mantenga el espíritu de que se sigan fabricando este tipo de cubiertas”, señaló el portavoz del SUTNA. La iniciativa argumenta que la marca, las maquinarias y las materias primas son activos esenciales para evitar un caos social derivado de la pérdida de producción estratégica.

El esquema de gestión propuesto contempla un modelo de cogestión entre el Estado provincial y los propios trabajadores. Bajo la supervisión de las autoridades políticas, el personal operativo participaría en la toma de decisiones para sostener la actividad industrial durante los 12 meses que dure la intervención.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo para tomar posesión inmediata del establecimiento, incluyendo el uso de la marca y los insumos vinculados al proceso. Esta fase de administración busca diferenciar la gestión provincial de la actuación de la Secretaría de Trabajo de la gestión de Javier Milei, a la que el gremio cuestionó por la falta de voluntad para hallar soluciones.
Tras una movilización masiva en la ciudad de La Plata, representantes del gremio mantuvieron reuniones con diputados de diversos espacios. Según el SUTNA, bloques de Unión por la Patria, la UCR, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica mostraron predisposición para analizar el texto.

“La suma de los diputados que pertenecen a estos bloques forman una mayoría capaz de aprobar el proyecto”, afirmaron desde el sindicato tras los encuentros parlamentarios. El debate continuará el próximo miércoles, fecha en la que se prevé una nueva reunión técnica para introducir posibles modificaciones al articulado original.
La ley establece condiciones de salida claras para que la empresa sea restituida a sus propietarios originales. La intervención del Estado cesaría inmediatamente si la firma privada presenta un plan de continuidad que garantice la totalidad de los puestos de trabajo con tareas efectivas.

Al no tratarse de una expropiación definitiva, el proyecto aclara que no se prevén indemnizaciones por el uso transitorio de los bienes. La medida se presenta como un recurso excepcional para "preservar las fuentes laborales y evitar la paralización de la planta" estratégica en el cordón industrial norte.