Sismos en Veracruz y Chiapas: qué cambió en Chile para reducir el riesgo

El 20 de marzo, varios temblores de magnitudes entre 4,0 y 4,2 alarmaron a los habitantes de Veracruz y Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que se produjeron un sismo de 4,2 cerca de Coatepec, uno de 4,0 en Cosautlán y otro de 4,1 en Ciudad Hidalgo. Aunque no se reportaron daños mayores, la noticia reavivó el debate sobre la preparación de México ante su alta sismicidad. El país se encuentra en la convergencia de cinco placas tectónicas, lo que provoca frecuentes movimientos y obliga a reforzar las normas de construcción y la cultura de prevención.

Seis días antes, un sismo de magnitud 4,0 sacudió la localidad chilena de Hornopirén, al sur del país. El Servicio Sismológico de Chile precisó que el epicentro se ubicó 60 km al sudeste y a 15 km de profundidad. Chile, situado en el cinturón de fuego del Pacífico, sufre temblores constantes y se ha convertido en un referente en materia de construcción antisísmica y planes de evacuación. Comparar ambos países permite analizar cómo las políticas públicas y el sector privado pueden reducir el impacto de estos eventos naturales.

México 

Preparación y responsabilidad

México y Chile comparten la amenaza sísmica, pero la respuesta institucional es distinta. En Chile, los códigos de construcción se revisan tras cada gran terremoto y se exigen estándares rigurosos incluso en viviendas sociales. La sociedad civil está entrenada para evacuar y las alertas tempranas son eficaces. En México, las normativas varían por estado y muchas edificaciones informales no cumplen las exigencias, en parte por falta de supervisión y por la corrupción en los permisos. La cultura de la prevención existe, pero la adaptación de estructuras es lenta y el Estado recurre a subsidios y controles que no siempre se traducen en seguridad.

La lección es clara: los países deben establecer reglas claras y permitir que el mercado financie las mejoras. El sector privado puede invertir en tecnologías antisísmicas, seguros y capacitación si hay incentivos adecuados y previsibilidad jurídica. Un modelo liberal sugiere eliminar trabas burocráticas y fomentar la competencia entre aseguradoras y constructoras para que ofrezcan productos de calidad a precios accesibles. Las políticas paternalistas que dependen de la ayuda gubernamental perpetúan la vulnerabilidad.

Varios temblores de magnitud 4 sacuden Veracruz y reavivan el debate sobre normas.

Infraestructura y libre mercado

Para reducir los riesgos, México necesita modernizar su infraestructura y fomentar la inversión en redes de alerta temprana. También debería revisar los códigos de construcción a nivel nacional y asegurar que se cumplan sin excepción. Los subsidios indiscriminados suelen beneficiar a los grandes desarrolladores y restan recursos a la supervisión y educación sísmica. Dar mayor protagonismo al sector privado, al mismo tiempo que se fortalecen las normas y la transparencia, puede generar un entorno más seguro y competitivo.

Un sismo similar en Hornopirén muestra la preparación chilena y su código estricto.

Chile ha demostrado que la combinación de reglas estrictas y apertura económica permite reconstruir rápidamente tras un terremoto y mejorar la resiliencia. México podría seguir este ejemplo, adaptando sus políticas a una realidad más federal y compleja. Las lecciones que dejan los sismos de marzo deberían impulsar un debate nacional sobre cómo financiar la seguridad estructural sin caer en el estatismo. La prevención no solo salva vidas, sino que también protege inversiones y promueve la estabilidad económica.