El Ministerio de Energía chileno anunció que propondrá al Congreso revisar el Mecanismo Estabilizador del Precio de los Combustibles (Mepco), un fondo que amortigua la volatilidad del petróleo mediante subsidios y ajustes impositivos. Economistas como Víctor Salas reconocen limitaciones del mecanismo, pero advierten que eliminarlo ahora, cuando la guerra en Oriente Medio elevó el precio del barril a 120 USD, afectaría a millones de familias.
La senadora socialista Daniella Cicardini acusó al presidente José Antonio Kast de usar la crisis fiscal para traspasar el costo a los consumidores. El diputado Daniel Manouchehri calculó que el litro de gasolina podría subir 300 a 400 pesos (33‑44 centavos de dólar) y alertó que el momento no puede ser peor. La propuesta ha generado un intenso debate entre quienes buscan reducir subsidios para sanear las finanzas y quienes priorizan la estabilidad social.
Guatemala vive un escenario similar pero con políticas más ortodoxas. Tras nuevas alzas en los combustibles por la guerra, el Ministerio de Energía y Minas señaló que el galón de gasolina regular llegó a 37,19 quetzales (4,9 USD) y el diésel a 5,2 USD. Para mitigar el impacto, el Congreso debate crear un fondo de 1 500 millones de quetzales (196 millones de dólares) y suspender temporalmente el impuesto a la distribución de combustibles. Estas medidas buscan aliviar a los consumidores sin desarmar completamente la estructura fiscal.
Chile, en cambio, corre el riesgo de eliminar un instrumento que, aunque imperfecto, ha moderado las variaciones. Renunciar al Mepco sin un plan alterno podría desencadenar protestas sociales y presionar la inflación. La experiencia guatemalteca sugiere que es preferible ajustar impuestos y focalizar subsidios antes que abandonarlos.

Un enfoque pragmático podría consistir en reformar el Mepco para reducir su costo fiscal, enfocar los subsidios en los sectores vulnerables y mantener cierta amortiguación. El populismo de corto plazo que promueve la eliminación total solo empeoraría la percepción de riesgo país y pondría en jaque la popularidad del gobierno.

En tiempos de guerra, la estabilidad energética es un activo estratégico. Chile debería aprender de Guatemala y otros países que buscan un equilibrio entre estabilidad de precios y responsabilidad fiscal. Sacrificar ese equilibrio por un dogma ideológico tendrá consecuencias económicas y políticas impredecibles.